El estudio, que se presentó este viernes en el Congreso de los Diputados, indica que, a pesar de que en varias comunidades los servicios de apoyo a la toma de decisiones son susceptibles de concierto social por ley, actualmente solo se aplica en esas comunidades.

El informe, además de estas desigualdades entre comunidades, detecta la importancia del concierto social como una posible fórmula de financiación para asegurar apoyos estables y de calidad, y subraya que sin una financiación “adecuada”, muchas entidades tendrán “serias dificultades” para continuar con el trabajo que realizan de apoyo a la toma de decisiones.

Señala que las autonomías presentan diferencias no solo en el reconocimiento de los servicios de apoyo a la toma de decisiones y en la inclusión expresa de los mismos en las carteras de Servicios Sociales, sino también en los modelos de provisión. De este modo, en el informe se identifican tres modelos principales: modelo público y público-privado; privado y privado-concertado.

Aunque muchas comunidades pertenecientes al modelo público-privado tienen legislación que establece que esos servicios de apoyo son susceptibles de concierto social, este no se está llevando a cabo o se están produciendo retrasos en su implementación, por lo que es “necesario” que se avance hacia la concertación para garantizar que estos servicios puedan llegar a todas las personas que los necesiten con calidad y de forma sostenible para las entidades que prestan los apoyos.

El estudio resalta que, para evitar estas desigualdades territoriales y garantizar una prestación efectiva de los servicios, se necesita que las autonomías refuercen y apliquen sus conciertos sociales para ofrecer una “financiación estable” a las entidades, ya que la financiación privada vía subvenciones puede variar considerablemente de un año a otro y no permite una planificación efectiva de las actividades y servicios a proporcionar por las entidades.

Asimismo, el trabajo de Liber destaca que la aprobación de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica refuerza el derecho de estas personas a recibir apoyos personalizados en el ejercicio de su capacidad jurídica suponiendo un hito legislativo a nivel estatal.

Algunas comunidades autónomas con derecho foral también modificaron su legislación foral relativa al ejercicio de la capacidad jurídica, siendo éste el caso de Cataluña, Aragón y Navarra. Este avance normativo generó cambios significativos en el reconocimiento y garantía de estos servicios de apoyo o de protección de la capacidad jurídica en los sistemas de servicios sociales autonómicos.

OTRAS DEMANDAS

La presentación del informe en el Congreso la hizo la directora de la asociación Liber, Nuria Guilló Rodríguez. En la jornada también participaron el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y el presidente de la Asociación Liber, Luis Gonzaga García, que hicieron la bienvenida institucional.

Ambos pusieron en valor el trabajo de las organizaciones sociales que trabajan pro la discapacidad. Pérez Bueno abogó por favorecer el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que necesitan apoyos para la toma de decisiones desde las políticas sociales, reforzando los aspectos materiales del acompañamiento, pues advirtió de que lo contrario los procesos de tránsito hacia la autonomía personal no avanzarán como se requiere.

Para el representante del Cermi, no basta con abordar la cuestión del apoyo a la toma de decisiones desde el puro y exclusivo Derecho Civil, desde la sola regulación jurídica -la Ley 8/2021-, que “desde luego es necesario, pero no suficiente por sí misma”. También, afirmó que, “incluso la mejor regulación jurídico-civil ha de venir complementada por un robusto soporte material”, para que la persona apoyada disponga de un suelo firme desde el que poder ejercer su capacidad jurídica.

Por otro lado, la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, cerró la jornada y puso en valor el “esfuerzo genérico” de las entidades sociales del sector de la discapacidad y reclamó más “apoyo estatal” para poder mejorar el apoyo a la toma de decisiones porque así se respetará la “dignidad” de las personas con discapacidad y sus familias en relación con su derecho de tener estos servicios.