La delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación Aspace, Ángeles Blanco, ha sido la encargada de impartir esta formación organizada por el CGPJ bajo el título ‘Las personas con discapacidad en el proceso penal’ y que está enmarcada dentro del programa de formación continua del Poder Judicial.

El objetivo de la ponencia de Blanco ha sido dar a conocer las situaciones a las que se enfrentan las personas con parálisis cerebral que, en ocasiones han visto como sus comparecencias en calidad de víctimas no han sido admitidas por usar comunicación aumentativa y alternativa.

El 98% de las personas con parálisis cerebral presenta disartria -dificultad para la articulación de palabras-. Además, una de cada cuatro carece de comunicación oral, por lo que, para comunicarse con otras personas, utilizan productos de apoyo como sintetizadores de voz a través de ordenador o tablet; cuadernos silábicos, de pictogramas o de fotografía; o gestos y escritura de algunas palabras, según destacó Aspace.

Según Blanco “el desconocimiento de la comunicación aumentativa y alternativa. conduce a asimilar la dificultad comunicativa con la carencia de capacidad intelectual”, una situación que, en su opinión “debe ser revertida” ya que “la mayoría de las personas con parálisis cerebral usuarias de comunicación alternativa preserva capacidad intelectual plena" y, de esta forma, "todas las personas han de ser escuchadas en juicio sea cual sea su manifestación comunicativa".

En caso contrario, remarcó, "estamos no solo desoyendo los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre las Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución".

Además, desde Confederación Aspace aseguraron que la comunicación aumentativa y alternativa es la principal barrera de acceso a la justicia y que para hacer efectivo este derecho es necesario comprender que la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad de base física.

Todas las personas con parálisis cerebral comparten una serie de manifestaciones físicas como dificultades en el control postural, el equilibrio o la espasticidad, pero no hay persona con parálisis cerebral igual a otra porque a esa base física se pueden sumar diferentes tipologías de discapacidad.

En este sentido, Blanco afirmó que “para garantizar el acceso a la justicia de una persona con parálisis cerebral es necesario articular un verdadero traje a medida de apoyos”

Sin embargo, apostilló que “a la luz de la reciente modificación de la Ley General de Discapacidad necesitamos cumplir con el mandato legislativo y desarrollar, en un periodo no superior a tres años un reglamento sobre comunicación aumentativa y alternativa que cristalice la seguridad jurídica y garantice, con ello, el ejercicio real y efectivo del derecho a la comunicación de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo que utilicen estos sistemas”. En este sentido, recalcó que “el apoyo más especializado es la intervención judicial mediante técnica logopédica.

Blanco también hizo hincapié en los casos atendidos en el servicio de violencia contra mujeres y niñas con parálisis cerebral de Confederación Aspace.

Expuso que desde que se puso en marcha este servicio en mayo de 2020, se han atendido un total de 53 casos, 36 delitos de agresiones sexuales perpetradas por conocidos y familiares; seis de violencia de género en el contexto de pareja; ocho de violencia sexual digital en el contexto de pareja; dos delitos de explotación sexual; y 1unode violencia intrafamiliar.