García-Castellón acordó concluir el sumario tras estimar que no se habían podido determinar el autor o autores del atentado perpetrado mediante un coche bomba contra el jefe del Ejecutivo el 19 de abril del pasado año en las inmediaciones de su domicilio y del que Aznar esultó ileso.

Durante la instrucción, el juez desestimó la petición formulada el 26 de septiembre del pasado año por la fiscal del caso de procesar a Azurmendi como autor de los delitos de asesinato consumado (dado que en el atentado falleció una persona) asesinatos frustrados, atentado y estragos. A juicio del magistrado, no existían suficientes indicios para procesar al etarra por estos hechos.

Sin embargo, la fiscal del caso insiste en un escrito remitido a la Sala de lo Penal en que en el sumrio existen elementos que, indiciariamente, acreditan la participación de Azurmendi en dicho atentado, procedentes de un enfrentamiento que tuvieron dos agentes de la Policía Municipal de Madrid el 2 de agosto de 1994 con dos individuos, los cuales, tras despojar a los agentes de sus armas reglamentarias, se dieron a la fuga.

Ambos individuos iban en un vehículo sustraído, que apareció al día siguiente abandonado con matrículas falsas a 80 metros del domicilio de José María Aznar, que, según la fiscal "era el objetivo que perseguían los responsables con el atentado".

En el coche fueron halladas cuatro huellas dactilares correspondientes a Azurmendi y, además, la policía determinó que la matrícula falsa que portaba había sido realizada con una troqueladora que fue intervenida por las fuerzas de seguridad en Oyarzun, la cual también fue utilizada para realizar la matrícula que los etarras colocaron en el vehículo que hicieron explotar al paso del coche de Aznar.

Además, la fiscal también destac que la Unidad central Operativa Antiterrorista indicó al juez, en un oficio remitido en abril de este año, que "se puede establecer la hipótesis de que el repetido Azurmendi estuviera encuadrado en esa época en el comando 'Madrid' y por tanto estar implicado en los hechos objeto del presente".

Por todo ello, la fiscal pide a la sala la revocación del auto de conclusión del sumario dictado por García-Castellón "y su devolución al instructor para que dicte auto de procesamiento contra Mikel Azurmendi Pñagaricano".

Contra esta petición de procesamiento se ha pronunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acción popular en la causa, que considera que los hechos que relata la fiscal "no llegan siquiera a integrar la categoría de indicios".

La AVT alega que el vehículo de los individuos que se enfrentaron a los policías municipales fue abandonado en las inmediaciones del domicilio de Aznar de forma "meramente accidental" y, además, que el propio incidente con la Policía Muicipal "tampoco denota que los terroristas estuvieran vigilando el domicilio" del presidente, dado que en dicha zona "había un gran número de posibles objetivos de la banda terrorista ETA".

Además, señala que la coincidencia de los troqueles de las matrículas no es un elemento indiciario de la participación de Azurmendi, sino que, en su opinión, "será un indicio de su conexión con la banda terrorista ETA y que el atentado fue cometido por dicha organización armada, pero eso ya es sabido".

No obstnte, la asociación pide a la sala que también revoque el auto de conclusión del sumario con el fin de que el juez practique nuevas diligencias, como la incorporación al sumario de determinadas investigaciones y reconocimientos fotográficos que realizó la policía tras el atentado y que no se encuentran en la causa.

Asímismo, también pide que el juez requiera a la Comisaría General de Policía Científica que le remita un informe pericial completo sobre las huellas halladas tanto en las matrículas y chapade los vehículos explosionados y la encontrada en un cajetín eléctrico situado en las inmediaciones del atentado.