Así lo subrayó este lunes el Consejo General de Enfermería en un comunicado en el que también urgió a “resolver la escasez de enfermeras” así como a “modificar” las leyes sanitarias o “cambiar el modelo sanitario”, entre otras reclamaciones.

Por lo que respecta al presupuesto para Sanidad, denunció que en España el gasto sanitario público representa un 8% del PIB, mientras que países como Alemania, Francia, Reino Unido o Suecia “superan el 10%”, razón por la cual abogó por “aumentar este gasto” hasta “acercarlo a las cifras de estos países”.

“Es hora de pensar en las necesidades del sistema y que los presupuestos generales del Estado tengan una partida acorde y suficiente para potenciar la Sanidad de nuestro país”, apostilló, al tiempo que instó a “analizar las necesidades de recursos humanos”.

En este punto, el Consejo insistió en que España “necesita más de 95.000 enfermeras para equipararnos a las ratios de enfermeras por habitantes que hay en los países de nuestro entorno” y su presidente, Florentino Pérez Raya, advirtió de que no disponer de unas plantillas “suficientes” de enfermeras que puedan ofrecer “una atención y cuidados de calidad" conlleva "una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso, fallecimientos”, además de una “sobrecarga asistencial” que “pone en peligro la seguridad de enfermeras y pacientes”.

MÁS PETICIONES

Junto a ello, el Consejo emplazó a acabar con la precariedad laboral y las “condiciones indignas” con las que “una gran parte de la profesión tiene que convivir” y a “luchar por ley” contra las agresiones, teniendo en cuenta que, según sus cálculos, sólo en 2022 se registraron un total de 2.580 agresiones a enfermeras.

En paralelo, llamó a “modificar las leyes sanitarias” y, en concreto, a “actualizar” la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del año 2003, cuya redacción juzgó “obsoleta”. Además, consideró “una urgencia” cambiar la definición de la profesión enfermera que aparece en dicha ley para “detallar más” las funciones de estos profesionales y “poder adaptarla a las competencias actuales, incluyendo las reconocidas en directivas europeas”.

A este respecto, también estimó “anticuada” la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, al entender que las enfermeras deben “aparecer como prescriptoras al mismo nivel que el resto de profesiones prescriptoras” y reiteró su petición para que las enfermeras “puedan optar a la categoría A1” de empleo público.

Asimismo, pidió la creación de un grupo de trabajo sobre especialización enfermera y diplomas de acreditación con representantes de las sociedades científicas enfermeras y de las comunidades autónomas, enfermeras gestoras, Ministerio de Sanidad y Consejo General de Enfermería.

Por último, apostó por mejorar la prevención de riesgos laborales y por un modelo sanitario que “apueste por la prevención y promoción de la salud y la adquisición de hábitos de vida saludables”, así como por crear la figura de la “enfermera jefe” en el Ministerio de Sanidad, que se encargaría de “coordinar y asesorar sobre la profesión enfermera a nivel ministerial” y por impulsar el “diálogo”, con el convencimiento de que los partidos políticos deben contribuir a garantizar una atención “universal, sostenible y equitativa”.