Según explicó la asociación, varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo dictaron resoluciones en “ejecución forzosa” que condenan al Imserso al abono de estas ayudas. Sin embargo, el organismo alegó que “el Ministerio de Hacienda no transfiere los fondos”, lo que impide su cumplimiento.

Además, Avite criticó que el Ejecutivo mantiene “paralizadas desde junio de 2024 las iniciativas legislativas para eximir fiscalmente estas prestaciones”, lo que obliga a las víctimas a “tributar hasta un 50%” de lo recibido. “Esta carga impositiva impide que las ayudas cumplan su finalidad de garantizar la autonomía, la adaptación de viviendas y la asistencia en la vejez”, subrayaron desde la organización.

La asociación denunció también un “agravio comparativo” con otros colectivos en España, como las víctimas del terrorismo, la Guerra Civil, el VIH o la hepatitis C, que “perciben compensaciones libres de impuestos”, así como con los afectados de talidomida de otros países (Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda, Canadá, Brasil, Japón o Australia), donde las ayudas “están igualmente exentas”.

Avite recordó que, en cambio, desde enero de 2025 las víctimas del País Vasco disfrutan de esta exención fiscal gracias a una decisión parlamentaria que contó con el apoyo del PSOE. “Esto supone una desigualdad entre ciudadanos españoles”, denunció la entidad, ya que un afectado en Euskadi recibe el 100% de la ayuda, mientras que otro en Castilla-La Mancha o Andalucía solo percibe la mitad.

La asociación repasó las distintas proposiciones y proyectos de ley presentados en el Congreso y el Senado desde 2024 para “resolver esta situación”, todas ellas paralizadas o decaídas. Entre ellas citó la Proposición de Ley 124/00012 del Senado (presentada el 14 de junio de 2024 y vetada por el PSOE), la 122/00135 del Congreso (presentada en octubre de 2024 y decaída por falta de presupuesto), y la 122/00205 (de junio de 2025), que sigue pendiente de contestación.

Avite, creada en 2003, recordó que sus asociados tardaron 22 años en lograr un reconocimiento parcial de sus derechos, frente a “los pocos años que necesitaron las víctimas de la talidomida en otros países”.