Así lo avanzó durante una entrevista en Servimedia el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, quien puso el foco en la importancia que tendrá este plan para la "accesibilidad universal" en Madrid a través de elementos como la lectura fácil.

"Queremos que eso se vaya implantando, en primer lugar, en todos los recursos del Área y por qué no, que se extienda a todo lo que es la ciudad de Madrid. Ese plan integral tiene una base también de colaboración con todas las entidades que están trabajando", explicó.

En ese sentido, celebró que la capital es "muy rica en entidades que trabajan por la discapacidad" y el objetivo es "trabajar en red" combinando a las administraciones públicas con el tejido asociativo y las empresas. "Ese es nuestro máximo objetivo", aseguró.

El plan, que inicialmente tendrá una inversión de 49.000 euros para el contrato de elaboración, parte también de un consenso con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, que también veían necesaria esta renovación. Está previsto que comience a redactarse en diciembre de 2025 para que pueda estar en marcha en el segundo semestre de 2026.

Preguntado por las carencias del sistema actual y por qué es necesario el nuevo plan, afirmó que "sobre todo" hace falta ese "trabajo en red", porque "hay muchos recursos en la ciudad" de Madrid pero "falta una ordenación" y esa "red", insistió.

En cualquier caso, valoró que aunque "queda mucho por hacer", "se ha avanzado mucho" y el objetivo es continuar "mejorando paso a paso" para que las personas con discapacidad se sientan "totalmente con un madrileño más" porque es lo que son y como "verdaderamente tienen que sentirse".

Según la memoria justificante sobre la idoneidad y la necesidad de este plan, a la que tuvo acceso Servimedia, "la ciudad de Madrid ha realizado un gran esfuerzo por avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevas y más intensas actuaciones en el ámbito de la atención a la discapacidad, actuaciones reclamadas muchas de ellas por la ciudadanía".

El informe aporta datos de la Comunidad de Madrid que señalan que 64 de cada 1.000 personas de la ciudad de Madrid tienen reconocido algún tipo de discapacidad, por lo que "es obligación de los poderes públicos eliminar la brecha que, en el ejercicio de los derechos fundamentales, se produce por la discapacidad, mediante el incremento de los apoyos a las capacidades personales, establecimiento de ayudas técnicas y eliminación de las barreras sociales que dificultan la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".

El documento también argumenta que es necesario recurrir a la contratación externa porque "la elaboración de un plan de Ciudad, máxime de las características de Madrid, requiere de una alta especialización y dedicación específica".