La de hoy ha sido una primera toma de contacto con el documento base que será analizado y enmendado desde ahora hasta la celebración del Comité Federal del 1 de febrero, en que será definitivamente aprobado el modelo de Estado que defenderán los socialistas en adelante.

Con esta iniciativa, la dirección socialista tratará de atajar la ventaja que el PP les ha sacado en la capitalización de la defensa constitucional.

El PSOE qiere ofrecer su "versión" del "patriotismo constitucional" defendido por el presidente, José María Aznar, que para el secretario de Libertades y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, es auténtico "involucionismo".

La idea que los socialistas quieren transmitir es que todos los ciudadanos se puedan sentir "cómodos y libres siendo españoles" y no "orgullosos de ser españoles", como quiere el PP. Quieren transmitir un concepto "integrador" de la Constitución y del Estado en el que prime la gualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y la pluralidad.

Frente a esta perspectiva, el PP encarna un "trasnochado nacionalismo español", según manifestó el presidente del PSOE, Manuel Chaves, que se basa en la "desconfianza" hacia las comunidades autónomas.

El PSOE propone en su documento base un "fortalecimiento del Estado de las autonomías" con "inspiración federal" que mantenga el respeto por los hechos diferenciales y establezca un sistema racional de las competencias comunes entreel Estado y las autonomías.

Para ello, creen necesario una reforma en profundidad del Senado que conllevará la modificación del Título III de la Carta Magna que podría ser aprobada por tres quintos de las Cámaras y afectaría a su papel, composición y funciones.

En cambio, Chaves descartó claramente la reforma del Título VIII de la Constitución, puesto que en opinión de los socialistas es el "marco adecuado para las reformas de inspiración federal" que poponen.

Tampoco batallará el PSOE por ua redistribución competencial entre los poderes central, autonómico y local, pero seguirán defendiendo que el gasto público se haga de manera que al Estado corresponda el 50 por ciento y a las comunidades y municipios el 25 por ciento, respectivamente.

En esta primera revisión del texto, dijo Chaves, ninguno de los asistentes manifestó discrepancias de fondo. "El documento ha sido asumido", aseguró, porque éste es un documento que abre un debate y no su resultado final.