Así se pronunció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que el ministro compareció para, entre otros presentar el Proyecto de Ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales.

Durante su exposición inicial, el ministro hizo un repaso de todas las iniciativas llevadas a cabo por su ministerio, haciendo hincapié en varias ocasiones en que "la falta de reformas en la Justicia, el inmovilismo, nos lleva a cronificar los problemas de toda la la vida de la Justicia". "Nosotros no estamos dispuestos a cronificar los problemas de la Justicia, queremos darles solución". En este sentido, y respondiendo a las críticas recibidas en todo este tiempo, se refirió, por ejemplo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, criticando que se dijese "que era un ataque a la independencia judicial" y "no pasó nada".

Habló también del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante más de cinco años, un bloqueo, dijo, que "tuvo un responsable, una fuerza política que todos conocemos", en referencia al PP. Sin embargo, celebró que, "finalmente de manera muy afortunada para lo que es la normalidad institucional en el Poder Judicial, se consiguió un acuerdo en 2024". En este punto, reiteró que "un CGPJ inmovilista que cronifica los problemas no es lo que necesita la Justicia".

Tras esto, Bolaños refirió a la digitalización de la Justicia, con reformas legislativas como el real decreto 6/2023, "también con inversión, con dinero". Aquí se centró en que "ya existe la Carpeta de Justicia" o en la incorporación de la "robotización y la Inteligencia Artificial a trámites como la concesión de nacionalidades o la cancelación de antecedentes penales".

No se olvidó de la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, volviendo a remarcar que es un proyecto de los ministros que le antecedieron, pidiendo a los diputado que no criticaran "los proyectos de los ministros de su color político".

"NINGUNA INCIDENCIA"

Por último, aludió a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que emanan de esa Ley de Eficiencia. Aquí, remarcó el "beneficio evidente que va a suponer en la evitación de litigios evitables. No todos los pleitos tienen que llegar a los tribunales, hay que descongestionar los tribunales para que puedan dictar sus sentencias y sus autos en un tiempo más razonable". Para defender esta norma, destacó que "se está implementando progresivamente sin ninguna incidencia significativa".

En esta línea, el ministro aseguró que van a "continuar trabajando para implementar la totalidad de los proyectos de la mayor transformación de la Justicia en décadas": "Hay que abordar reformas para modernizar la Justicia, para aumentar el número de jueces y fiscales, para mejorar las condiciones laborales y de ejercicio de toda la carrera fiscal y judicial", sentenció.

En lo que afecta al proyecto de Ley Orgánica de Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitó el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pese a que desde Junts la le avisaron de su rechazo a la misma. Y para ello, volvió a usar el argumento de que "es el fruto del trabajo de mucha gente, de muchos profesionales del Derecho, de distinto signo político, liderados por diferentes ministros que han pertenecido tanto a partidos de derechas como a partidos de izquierdas".

Así, rechazó las críticas de politización por dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales o por limitar las acusaciones populares, dejando fuera a los partidos políticos, sindicatos o asociaciones que dependan de ellos. E insistió en que deriva de un pacto de Estado de 2001, que firmaron PSOE y PP, incluyendo también la desvinculación del mandato del fiscal general del Estado del Gobierno de turno, fijando su mandato en cinco años para así "evitar interferencias del Ejecutivo". "Es más garantista", dijo, criticando de nuevo, en el caso de la acusación popular, el "uso espurio" que hacen de ella "las organizaciones ultraderechistas".