Sánchez envió el pasado miércoles una misiva a los presidentes autonómicos para proponerles un acuerdo de Estado para triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública (VPO) y acabar con el “monopolio” de la información que tienen los portales privados. El objetivo final es atajar uno de los principales problemas de los españoles.

La dirigente del PP, sin embargo, considera que esta propuesta arrolla las competencias de las comunidades autónomas y advirtió de que es “inadmisible” que se les pida “un esfuerzo adicional de 2.700 millones, mientras el Ministerio de Vivienda ha dejado de ejecutar 2.400 millones de su presupuesto”, así como que “se las amenace con condicionar las ayudas a que las viviendas construidas tengan protección permanente”.

Para la presidenta cántabra, depender de la vivienda estatal “es un fracaso, no un éxito”, porque es condenar a los ciudadanos, sobre todo a los jovenes y a las generaciones futuras, “a ser inquilinos del Estado de por vida y negarles el acceso a la propiedad”. Por otro lado, relcamó derogar la ley estatal de vivienda porque “la intervención” pública está “estrangulando” el mercado, y defendió solucionar la crisis “equilibrando” el mercado por el lado de la oferta.

REFORMA DE FINANCIACIÓN

Buruaga reclamó también la “inmediata” reforma del sistema de financiación autonómica porque todas las comunidades “sin excepción” están infrafinanciadas y “asumiendo competencias y obligaciones impuestas por decisiones unilaterales del Gobierno central” sin los recursos “suficientes”.

La presidenta cántabra defendió la reestructuración de la deuda frente a la condonación con que se intenta “encubrir el traspaso de la inmensa deuda de Cataluña al resto de España”. “En el caso de Cantabria, el Estado propone asumir 1.369 euros por cántabro frente a los 2.135 de Cataluña, lo que significa que cada cántabro tendrá que pagar 523 euros más como español y cada catalán 307 menos”, expusieron desde su gabinete.

Por último, pidió que se actualicen de manera inmediata las entregas a cuenta porque Cantabria está afrontando “gastos de 2025 con ingresos de 2023” y exigió “respeto” a la autonomía fiscal para aplicar una política propia en los tributos cedidos.