Según informó este viernes el Instituto Armado, en la ‘operación Ponos’ han sido detenidas 13 personas por la comisión de más de 600 hechos delictivos.

Los arrestados empleaban fotos del DNI de los afectados y falseaban nóminas para obtener créditos personales con los que adquirían bienes que luego revendían. Hay, al menos, 209 personas afectadas en toda la geografía española.

Los 13 arrestados, de entre 19 y 59 años, estás acusados de 629 hechos delictivos, entre los que figuran estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse una serie de estafas, en las que los afectados que se habían pedido créditos a su nombre a partir de la foto del DNI. Los estafadores adquirían bienes con estas identidades suplantadas y los revendían luego a través de aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.

INFILTRADOS PARA ROBAR DATOS

Las pesquisas permitieron determinar que la red falsificaba nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con ello, lograron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a las que creaban deudas con diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las que los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.

La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportadas por los agentes. Gracias a este primer estudio, esta administración usó los mismos parámetros y logró identificar un número superior de afectados de los que existían en un principio, esclareciendo que el número total de víctimas ascendía a 209.

Los afectados residían en ciudades y provincias de todo el territorio nacional: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Baleares, Barcelona, Lérida, Sevilla, Vizcaya, La Coruña, Cantabria y Albacete.

Igualmente se diseñó un dispositivo conjunto que permitió esclarecer la identidad de los componentes del grupo criminal y su operativa. Así se pudo verificar que el grupo tenía células operativas regionales en otros lugares de España: Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.