Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la Alianza Apoyo y Autonomía, al que se refirió el presidente de Liber (entidades de apoyo a la toma de decisiones), Luis Gonzaga, durante un diálogo informativo sobre el 4º aniversario de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Organizado por la agencia de noticias Servimedia, junto a Fundación Aequitas y a la citada alianza, en el encuentro también participaron la vicepresidenta de Plena inclusión y activista con discapacidad, Maribel Cáceres; la fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra; el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia, y Ramón Corral, colaborador de la Fundación Aequitas, notario jubilado y premio Foro Justicia y Discapacidad.

Según explicó Gonzaga, la Ley 8/2021 reformó toda la legislación civil y procesal para poner fin a la incapacitación judicial de las personas con discapacidad y garantizarles los apoyos individualizados precisos de cara a ejercer de forma autónoma su capacidad jurídica.

“Esta es una ley estatal, pero los apoyos que menciona se prestan a través de las carteras de servicios sociales de las comunidades autónomas”, puntualizó. Y solo hay dos que cuentan con financiación específica para ello: “Una es Cataluña, que ya tenía una ley propia en este sentido, y la otra es Canarias". “Baleares está trabajando en ello y hay otras tres regiones que sí los reconocen de forma nominal, aunque no tienen prevista ninguna financiación", indicó.

"¿QUIÉN PAGA?"

En su opinión, esta ausencia de fondos obstaculiza la aplicación plena de la ley. Por un lado, la reforma “nos insta a las entidades a que prestemos los apoyos, pero quién los paga”, se preguntó.

Ocurre “un poco lo mismo” que con los conciertos de servicios sociales, agregó. “Por falta de dinero, las administraciones prefieren concertarlos con entidades sin ánimo de lucro”, describió, pero después no ofrecen la financiación suficiente.

Saravia defendió que “la Administración tiene una responsabilidad en todo esto” e instó al Estado y a las comunidades a “involucrarse en la prestación de los apoyos” a los que se refiere la ley. Es la única forma de que sea "efectiva".

Para la fiscal Segarra, “este es uno de los inconvenientes del precario equilibrio político que arrastramos desde hace años, que lleva a aprobar leyes con coste cero. Sin presupuesto”.

Subrayó que esta norma busca la desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad y se mostró optimista respecto a sus resultados. Desde su entrada en vigor, los expedientes que piden la concesión de apoyos judiciales disminuyen un 20% cada año, declaró, y casi el 40% se archivan.

Esto indica que los apoyos voluntarios, es decir, aquellos que la propia persona elige (normalmente entre familiares, amigos o personas muy allegadas), ganan cada vez más terreno.

PENSIONES E IMPUESTOS

Con todo, Segarra planteó ciertos problemas que han ido apareciendo a medida que se aplicaba la ley y que, en general, afectan a las personas que habían sido incapacitadas bajo la normativa anterior.

Según recordó, La Ley 8/2021 estableció un plazo de tres años para revisar 250.000 expedientes y “como no nos dio tiempo, este plazo se amplió otros tres años”. ”Llevamos buen ritmo y creemos que lo vamos a conseguir, pero nos están surgiendo varias dudas”.

Una de ellas se refiere a aquellas personas que sólo pueden acreditar la discapacidad con sus sentencias de modificación de la capacidad jurídica. Ahora, solo la curatela representativa da lugar a una equivalencia automática del 65% de discapacidad. El resultado es que quienes pierdan esta condición no tienen forma de acreditar grado de discapacidad alguno y, por tanto, se enfrentan a perder su pensión.

A juicio de Segarra, y también de Gonzaga, la mejor solución pasaría por modificar la disposición adicional vigesimoquinta de la Ley general de la Seguridad Social, que de hecho recogía la concesión automática del 65% en caso de incapacitación judicial en lo tocante a beneficios fiscales.

La reforma aprobada en 2021 instaba al Gobierno a elaborar un informe con el que adecuar la normativa a la nueva concepción de la discapacidad, algo que aún no ha sucedido.

Gonzaga mencionó en este punto el proyecto para reformar las leyes General de Discapacidad y de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que actualmente tramita el Congreso de los Diputados.

Uno de sus objetivos es flexibilizar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia, apuntó, por lo que podría contribuir también a solucionar este tipo de problemas.

NUEVA CONCEPCIÓN

En opinión de Cáceres, “esta ley, que fue súper importante para las personas con discapacidad y muy innovadora", necesita de otras que se modifiquen en el mismo sentido para que realmente funcione. "El IRPF y las pensiones son algunos ejemplos", dijo en referencia la pérdida de deducciones fiscales y de pensiones que algunas familias han experimentado tras la revisión de sus sentencias de incapacidad.

Corral también apuntó a la necesidad de que la persona que, conforme a la normativa actual, ejerce la guardia de hecho, sea reconocida como tal a la hora de efectuar transacciones, tratar con los bancos, etc. A su juicio, es necesario que “el nuevo concepto de discapacidad que consagró la Convención de Naciones Unidas cale en el conjunto de la sociedad”.

Por eso, hizo un llamamiento a los bancos, para que dejen de poner trabas cuando alguna de estas personas acude a solicitar una tarjeta de crédito.

Otra medida conveniente, en su opinión, pasaría por modificar la ley de patrimonios protegidos. Así, resaltó el trabajo que la Alianza Apoyo y Autonomía (creada en 2023 por fundación ONCE, Cermi y fundación Aequitas) realiza de cara a sensibilizar sobre la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la Justicia y contribuir a una correcta aplicación de esta ley.

Pese a todo, la conclusión de los cinco expertos apunta a que esta fue una ley “muy positiva”, que devolvió “la dignidad a muchas personas que habían sido privadas de su capacidad jurídica”. “España es un espejo en el que, nos consta, se miran muchos países latinoamericanos”, declaró Saravia.

“Estamos pagando las penalidades de ser pioneros y de no tener otras experiencias de las que aprender. Todos debemos tener paciencia y trabajar, pero es el camino correcto”, concluyó.