El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro,dictó ayer un auto en el que eleva las investigaciones del "caso Calviá" al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al considerar que hay indicios de delito en la actuación de Cañellas, aforado en su condición de diputado autonómico del Partido Popular.

Gabriel Cañellas aseguró que "nunca he intervenido en la gestación del 'caso Calviá', nunca la he aceptado, ni consentido ni dado el visto bueno, y espero que la justicia lo deje claro".

Cañellas calificó las argumentaciones utilizadas por el jez de "puramente subjetivas". El magistrado se basó en las acusaciones de Andrés Bordoy, ex vicepresidente del PP en Calviá, condenado en la primera instrucción del caso, quien aseguró ante el juez que Cañellas autorizó la operación de soborno.

El juez José Castro señaló en el auto de inhibición una "sorprendente" actitud de los otros testigos e implicados, porque niegan la implicación de Gabriel Cañellas "antes incluso de que se lo pregunten", insinuando un posible pacto de silencio para proteger al x presidente.

Andrés Bordoy, el asesor urbanístico del PP Miguel Deyá y el ex presidente del Club Real Mallorca Guillermo Ginard fueron condenados en 1.994 a penas de 4 a 6 meses de prisión y una multa de 100 millones de pesetas cada uno por un delito de cohecho.

La tribunal consideró probado que intentaron sobornar a un concejal socialista de Calviá en 1.991 para que apoyara una moción de censura que diera la alcaldía al PP, con el fin de realizar una operación urbanística a la que se oponía el SOE. El juez reabrió el caso el pasado mes de febrero ante la aparición de nuevas pruebas que implicaban a altos cargos del PP, entre ellos Gabriel Cañellas.