El Tribunal responde positivamente al titular del juzgado de instrucción número tres de Palma de Mallorca, José Castro, quien se inhibió del caso por coniderar que Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear, debía ser llamado a declarar como imputado. Cañellas tiene la condición de aforado por ser diputado de la Cámara autonómica.

La Audiencia Provincial de Palma condenó en 1993 a Andrés Bordoy, ex vicepresidente del PP de Calviá; Miguel Deyá, ex asesor urbanístico del partido, y Guillermo Ginard, ex presidente del Real Mallorca, a penas de entre cuatro y seis meses de prisión y cien millones de pesetas de multa por esta causa.

El juez Cstro decidió reabrir el caso en febrero de este año por los nuevos datos aportados por uno de los condenados, Andreu Bordoy. Varios de los testimonios recabados desde entonces por el magistrado, en los que Cañellas aparece como la persona que pudo dar el visto bueno a la operación, provocaron la imputación del ex jefe del ejecutivo autonómico.

Cañellas reiteró hoy a Servimedia hoy que "ni intervení, ni apoyé, ni conocí estos hechos cuando ocurrieron".

También ha sido implicado por varios testimonos el ex diputado del PP Francisco Gilet. Sus abogados anunciaron hoy que pedirán al tribunal que se pronuncie a favor de la prescripción del presunto delito de cohecho.