Las tres medidas que propondrá el senador nacionalista a la Cámara Alta persiguen corregir las actuales deficiencias de un sistema sanitario "en jaque" debido "al importante crecimiento demográfico que ha habido en el Estado español en los últimos diez años, unido al envejecimiento de la población; dos factores que afectan al funcionamiento del sistema en su estructura organizativa y en la prestación de los servicios, así como en la distribución y composición de sus recursos humanos".

La primera medida que plantea José Mendoza en su iniciativa parlamentaria es que "el sistema nacional de salud precisa de una base de datos actualizada que relacione las variables que inciden en su desarrollo: población de derecho y de hecho, edad de la población, número de especialistas en cada una de las especialidades y demanda de esos especialistas, etcétera. Una información necesaria para poder planificar con rigor y no a través de medidas que en ocasiones pecan de arbitrarias".

Mendoza sostiene que "actualmente se echa en falta que el sistema de estadística europeo no contemple esta materia como un campo de investigación, sobre todo teniendo en cuenta la circulación libre de personas en la Unión Europea".

En cuanto a los médicos internos y residentes, el senador nacionalista plantea la necesidad de que el Ministerio de Sanidad elabore una nueva Orden de acreditación de las plazas de MIR.

Además, en este mismo ámbito, propone que el Ministerio de Sanidad contemple en la elaboración del Real Decreto que regula la relación laboral de los MIR los siguientes aspectos: reducción anual del número de guardias hasta dejarlas en cinco mensuales; el derecho prioritario a librar tras la guardia salvo que por necesidades del Servicio el Jefe del mismo lo justifique con carácter previo y sea autorizado por la dirección del centro.

También pide que garantice durante las guardias de los mismos la presencia del titular y su asesoramiento al residente y que además de la medida explícita para la protección integral de violencia de género se haga mención generalizada a la violación de cualquier otro de los derechos contemplados en la Constitución.

Por último, demanda que el Ministerio de Sanidad establezca un nivel de retribuciones específicas que permita ocupar vacantes de difícil cobertura.