La incorporación de prestaciones específicas para las personas afectadas por ELA y otras enfermedades de efectos similares, mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2025, cuenta con "limitaciones que deben corregirse", según advirtió el sindicato, pese a celebrar las mejoras aprobadas.

El sindicato resaltó que si bien se trata de "un avance muy importante", al "no haber sido consultada previamente", esta iniciativa "ni en el marco del diálogo social, ni en los espacios de participación institucional del Imserso", se perdió la oportunidad de corregir sus "importantes limitaciones". Además, consideró que "el modelo elegido para definir la prestación supone así una limitación para las familias de rentas más bajas" y recordó la "necesidad de agilizar procedimientos que garanticen el acceso a las prestaciones".

"Llama la atención el hecho de que a las personas afectadas con ELA sólo se le reconozca una prestación económica vinculada a un servicio, excluyéndoles del derecho a recibir un servicio de gestión pública directa o concertado por la Administración", comunicó CCOO.

"El nuevo Grado III+ de dependencia extrema incluirá a personas que, teniendo reconocido el Grado III de dependencia están diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) u otras enfermedades similares en fase avanzada en la que se determine una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia", explicó la central sindical.

CCOO mostró su satisfacción con el establecimiento para estas personas de "una prestación vinculada a un servicio que puede destinarse exclusivamente a financiar la contratación del servicio de ayuda a domicilio o la de asistente personal, por un importe máximo de 9.859" euros al mes. "Es la primera prestación que se ha definido con un criterio de suficiencia en la financiación", añadió, aunque advirtió que "no debe deteriorarse en el tiempo".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el citado decreto, que "movilizará 500 millones de euros para el desarrollo integral de la Ley ELA y reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia", según comunicó el Ministerio de Derechos Sociales.

DOBLE COPAGO

La prestación económica vinculada a un servicio "implica un doble copago para las personas dependientes y sus familias: en primer lugar, deben asumir el que se aplica en la determinación inicial de la cuantía de la prestación en base a la situación económica de la persona beneficiaria; y después el que se deriva de la diferencia entre la cuantía de la prestación finalmente reconocida y el coste real del servicio privado que debe contratar la persona beneficiaria o su familia", evidenció el sindicato.

"Sin embargo, cuando la prestación que se recibe es un servicio de gestión pública directa o concertado por la Administración la persona beneficiaria sólo debe asumir un único copago en base a sus ingresos personales, siendo asumido el resto del coste por parte de la Administración", explicó.

El sindicato consideró que "limitar la atención a servicios domiciliarios impactará negativamente en algunas familias". "Una segunda limitación de la nueva prestación es que sólo se puede destinar a contratar servicios domiciliarios, de ayuda a domicilio o de asistencia personal. Ello significa que se excluye la posibilidad de acceder a un servicio de centro residencial".

"Con toda probabilidad ello supondrá un grave problema para el caso de familias en las que se producen situaciones que limitan la capacidad de atención de las personas enfermas (por ejemplo, cuando las personas enfermas de ELA carecen de red familiar suficiente, o cuando hay un número reducido de familiares, o tienen una edad avanzada, o alguna limitación física o de otro tipo, o trabajan, o se ven obligados a viajar, o las condiciones de la vivienda no son adecuadas, etc. etc.), advirtió esta entidad sindical.

Por otro lado, CCOO denunció que las comunidades autónomas vienen incurriendo en "un grave incumplimiento de la Ley de Dependencia con relación a las revisiones de grado que son instadas por las personas beneficiarias por empeoramiento (tal y como prevé el art. 30.1.a LAPAD) y que son desatendidas sistemáticamente por esas Autonomías".

El sindicato, por último, hizo "un llamamiento al Ministerio de Derechos Sociales para que en el marco de los espacios de diálogo social previstos para el desarrollo del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se aborde las propuestas del sindicato y se garantice una mejor atención a la totalidad de personas en situación de dependencia".