CCOO y UGT ya llegaron a un acuerdo con el Gobierno el pasado 28 de febrero, cuando cerraron el borrador definitivo. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, ha habido algunos cambios en la redacción, pero los sindicatos han mostrado por el momento su visto bueno.

Desde CCOO se congratularon de que la ley ha pasado de ser “muy deficiente” y “vacía de contenido en algunas materias” a ser un texto que repercutirá “en la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía”.

En este sentido, celebran que recoja “expresamente” que ha de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, garantizar el reconocimiento de sus derechos, así como los principios y elementos transversales como la igualdad, la transparencia en la gestión pública y la participación sindical.

No obstante, el sindicato advirtió que negociará con los grupos parlamentarios para tratar de introducir enmiendas al articulado para “el perfeccionamiento” de determinadas materias como la evaluación del desempeño, el régimen disciplinario, el estudio de la brecha salarial, la garantía de paridad en el personal directivo, la movilidad o la obligatoriedad de cumplimiento de los pactos y acuerdos. También lo hará así en el desarrollo reglamentario, que será relevante para desarrollar la ley una vez se apruebe.

Por su parte, desde UGT destacaron “el enfoque más social, transparente y participativo” que ha adquirido el proyecto de ley, que “recoge las mejoras necesarias y cumple las expectativas que tanto los empleados públicos como la ciudadanía tenían depositadas en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado”.

Asimismo, sobre el modelo de evaluación del desempeño, destaca que estará “basado en la transparencia de los objetivos individuales y colectivos y de los procedimientos, con participación de la parte social en todas sus fases”.

CSIF, EN CONTRA

Frente a estas posturas, CSIF manifestó su rechazo al proyecto de ley porque considera que “no desarrolla reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleados públicos”.

El sindicato no participó en las negociaciones del texto y ahora tratará de enmendar el texto durante el debate parlamentario. En su opinión, “llega con 15 años de retraso” y “ha perdido la oportunidad de regular de manera adecuada cuestiones fundamentales”, como la evaluación del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales o el teletrabajo. Además, avisó de que carece de dotación presupuestaria, “limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo”.