Lo hizo en un comunicado en el que puso de manifiesto “la situación de desprotección que sufren millones de personas que han tenido que huir estos últimos años del infierno en que se ha convertido Afganistán, especialmente para las mujeres y niñas, desde la vuelta al poder de los talibanes”.

También subrayó el “creciente hostigamiento que sufren en los países vecinos” como consecuencia de “las escasas vías legales y seguras que han habilitado los países de la UE durante este tiempo”.

CEAR expuso que “las vulneraciones de derechos” en suelo afgano “se siguen agravando cada año con la promulgación de leyes que restringen derechos y libertades fundamentales” y testimonió su preocupación por “el deterioro de la situación” en Afganistán, un país en el que alrededor de 23 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria.

Del mismo modo, la organización expresó su inquietud por “la extrema situación de vulneración” de las mujeres y niñas, quienes “se han convertido en el principal objetivo de los talibanes, que las están privando del derecho a la educación, al empleo, a la libertad de movimiento, de reunión y de expresión”.

CEAR explicó que 2024 cerró con unos seis millones de refugiados en el mundo procedentes de Afganistán, siendo la tercera nacionalidad con mayor número a nivel global. Sin embargo, estas cifras suponen una caída del 10% respecto al año anterior, por “las políticas y prácticas de discriminación, intimidación, deportación y expulsión cada vez más pronunciadas de Irán y Pakistán”, unos países desde los que regresaron más de 375.000 afganos a sus lugares de origen.

La tendencia descrita con anterioridad se ha intensificado este año, como consecuencia de la reanudación de las deportaciones de afganos por parte de Pakistán y por las expulsiones de estos nacionales de suelo iraní con la excusa de la denominada ‘guerra de los 12 días’ que enfrentó a Israel e Irán.

UE Y ESPAÑA

A todo lo anterior se añade que en 2024 las solicitudes de protección internacional de afganos en la UE y España se redujeron “significativamente”, debido a “las escasas vías legales y seguras”, lo que se traduce en el hecho de que menos de 2.400 afganos fueron reasentadas en suelo comunitario.

En el caso español, CEAR denunció que los afganos se enfrentan a “grandes dificultades” para conseguir la reagrupación familiar: “dilatación del proceso”, “impedimentos burocráticos” para obtener cita en la embajada española en Irán o “criterios restrictivos” en la expedición de visados.

Ante esta situación, la organización reclamó a los estados miembros de la UE que se comprometan a poner en marcha una “acción conjunta” susceptible de garantizar “la protección internacional” mediante “la activación de corredores humanitarios que permitan la salida segura a las personas cuyas vidas corren peligro, reclamando a los países limítrofes que no cierren sus fronteras” y “mayores compromisos de reasentamiento y facilitando los traslados desde las embajadas y representaciones consulares”.

En el caso de España, CEAR reclamó a sus autoridades que “garantice el derecho a vivir en familia a través de programas ágiles de extensión familiar”.