Así lo reclamó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en el que criticó que los usuarios se han convertido en “consumidores cautivos” de un mercado cuyos precios “no dejan de subir”, por lo que juzgó “más urgente que nunca” la “democratización del sistema”.

Tras recordar que, según su última encuesta, cuatro de cada diez españoles se encuentran en situación de “vulnerabilidad energética”, consideró que, para que dicha transición energética “sea justa y proteja a los consumidores”, resulta “crucial” que los gobiernos “actúen para evitar abusos y malas prácticas por parte de las empresas, controlar la escalada de precios y garantizar, así, el acceso al suministro eléctrico para todas las personas”.

En este sentido, emplazó a la administración a impulsar la reducción del consumo a través de una “adecuada” política de eficiencia energética dirigida “específicamente” a las personas “vulnerables” así como a “transformar” el sistema energético en el marco de un proceso “que acabe con las subidas de precio incontroladas y el aumento de la pobreza energética”.

“La reforma del sistema debe ser justa, transparente, comprensible y asequible para todos los colectivos”, abundó, consciente de que en dicha reforma el papel de las energías renovables “será fundamental, no solo como fuentes limpias, sino también como “fuentes democratizadoras, para hacer más predecibles, estables y justos los precios de la energía”, con la participación “activa” de los consumidores.

En este contexto, exigió la sustitución del bono social por un sistema de tarifa social que “abandone su carácter asistencialista” y “haga frente de manera efectiva a la situación de pobreza energética”.

Junto a ello, reclamó el “fomento” de dicha participación ciudadana y de la “transparencia” en el mercado energético, a través de una auditoría de los precios de la energía que “garantice que se paga un precio justo para cada fuente, especialmente en el caso de las grandes centrales hidroeléctricas” así como la implementación de mecanismos de gestión de la demanda que permitan “aprovechar eficientemente la producción renovable”.

En paralelo, abogó por la “remunicipalización” de las redes de distribución eléctrica, la inversión pública en producción de energía renovable y la “garantía” de que todos los consumidores puedan tener acceso a fuentes de energía renovables autoproducidas y beneficiarse así del abaratamiento de la factura.