En un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, reclamó que "los cambios se extiendan a todas las esferas de actuación y participación social, porque de nada valdrá cambiar expresiones y conceptos si no se promueve un cambio de paradigma, incluyendo la perspectiva de género".

A su juicio, "el hecho de que se haya reflejado la situación de las mujeres con discapacidad dentro de la norma fundamental española es muy importante".

Sin embargo, "queremos que sea una realidad en todos los sentidos, y esto pasa porque se establezcan las dotaciones económicas necesarias y se apliquen medidas de acción positiva orientadas a mejorar la vida social, política, económica, cultural y laboral de las personas que forman parte del colectivo, para avanzar en una dirección de igualdad efectiva y real", exige el manifiesto, al que también se adhiere la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe).

Asimismo, todas las entidades que forman Cemudis también demandaron fomentar la participación social de todas las mujeres y niñas con discapacidad sin distinción; asignar una financiación justa y estable para el desarrollo de programas y actividades que llevan a cabo las entidades asociativas, y establecer y promover la formación especializada de los equipos socio-sanitarios, profesionales de entidades sociales y cuerpos y fuerzas de seguridad, para que sean conocedores de los procesos de intervención con mujeres y niñas con discapacidad.

Cemudis también reclamó garantizar "el derecho a la salud sexual, entendida como un estado de bienestar físico, mental y social que comprende la posibilidad de disfrutar experiencias sexuales sin discriminación, violencia o prejuicios; velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; e Incorporar indicadores en todos los estudios y estadísticas para dar a conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que viven o han vivido violencia en cualquiera de sus modalidades.

El manifiesto insta además a incluir la perspectiva de la discapacidad y de género en todos los proyectos subvencionados con fondos públicos que puedan estar relacionados con la violencia contra las mujeres y niñas; fomentar una educación inclusiva y adaptada para las niñas y mujeres con discapacidad, con acciones encaminadas a la erradicación del fracaso escolar; promover un sistema educativo basado en la coeducación, que consolide la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la inclusión social de todas las mujeres, e impulsar una imagen positiva y ajustada a la realidad de las niñas y mujeres con discapacidad, que pueda favorecer la inclusión social del colectivo en todos los aspectos de la vida.

Por último, pide a los poderes públicos que reconozcan "la labor desempeñada cada día por las entidades sociales que promueven la igualdad, dotando de recursos y servicios a colectivos en situación de vulnerabilidad"; aseguren la vida independiente y autónoma de las mujeres y niñas con discapacidad; establezcan los mecanismos necesarios para facilitar el acceso de las mujeres con discapacidad al mercado laboral; y promuevan la participación cultural y el ocio, desde una perspectiva de accesibilidad e inclusión social, para las mujeres y niñas con discapacidad.