Para Cuevas, la intención de poner en marcha todo este tipo de mecanismos -para evitar casos como el de Enron o WorldCom- "debe hacerse compatible con el derecho de los propietarios a designar a los administradores, y el de éstos a gestionar con la mayor libertad posible la vida interna de sus compañías".

Durante su discurso ante la Asamblea General de CEOE, con motivo del 25 aniversario de esta organzación, Cuevas insistió en el peligro de la sobreregulaciónpidió que "no se incorporen a la legislación más limitaciones que las estrictamente imprecindibles".

Además, solicitó que se respete siempre "la filosofía de cada empresa en materia de órganos de gobierno, edades, derechos de los minoritarios, obligaciones de información, etcétera".

Recordó que los grandes escándalos contables en las empresas se han producido fuera de España y no es justo que paguen ahora los empresarios españoles. "Cuando hay gestores que se sitúan fuera de la legalidad, lo miso les dará que haya unas leyes u otras", aseveró.

IAE, DECEPCION

En su intervención, Cuevas reprochó al Ejecutivo que, durante el 2002 haya primado el interés electoral frente al económico, en asuntos como el de la puesta en marcha y posterior retirada del decreto del desempleo (el popular "decretazo") o la supresión a medias del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

"El año 2002 también es de transición en lo político; la transición ha consistido, principalmente, en un cambio de óptica quecada vez tiene más en cuenta la proximidad de las consultas electorales y en el que gana primacía lo político frente a lo económico", dijo.

Por ello, calificó de "decepción" que el Gobierno sólo haya suprimido el IAE para el 90% de las pymes, mientras que mantiene este impuesto y lo incrementa para el 10% restante.

"El IAE es un impuesto contraproducente e irracional porque grava la mera dedicación a una actividad empresarial con independencia de que se tengan o no beneficios", lamentó.

En ete mismo sentido, Cuevas criticó que el Gobierno, a pesar del superávit generado en la Seguridad Social y el Inem por la cuotas sociales, no haya bajado las mismas a los empresarios y las destine a lograr el equilibrio presupuestario.

"Las cotizaciones sociales son, en sentido estricto, un impuesto sobre la creación de empleo que, si en años anteriores los fuertes crecimientos han permitido reducir el paro a pesar de las cuotas, quizás en el futuro sea difícil mantener este proceso", advirtió el máxim responsable de los empresarios.

Por último, se refirió a la evolución de la economía española y aseguró que, si bien crecemos ligeramente por debajo del 2% (mucho mejor que el resto de Europa), "es dudoso que la persistencia del estancamiento económico de la UE no acabe por afectarnos".