Así se puso de manifiesto durante una nueva edición del ciclo ‘Palestra Convención ONU’, dedicada en esta ocasión al 'Empleo público y personas con discapacidad: cuestiones problemáticas y defensa de derechos', con la intervención del abogado especializado en Derecho Administrativo y analista jurídico experto en empleo público de personas con discapacidad José Luis Quintana Cortés.

La sesión, celebrada de forma virtual, fue presentada por el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia, quien enmarcó esta conferencia dentro de las actividades impulsadas por la entidad a lo largo de 2026 con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Quintana animó a las personas con discapacidad a actuar con rapidez cuando se produzcan incidencias y a dejar constancia por escrito de cualquier vulneración. “No tengamos miedo a presentar un escrito o un recurso. Eso no va a suponer que nos vayan a suspender, va a suponer que vamos a garantizar nuestros derechos”, afirmó. También recomendó pedir siempre motivación por escrito ante cualquier negativa de la Administración y acudir a entidades especializadas del movimiento social de la discapacidad, así como a servicios de asesoramiento jurídico, al Defensor del Pueblo o, cuando sea necesario, a los tribunales.

El abogado destacó la importancia de reaccionar “a tiempo y sin miedo” y de no afrontar estos procedimientos en solitario, por lo que remitió a las personas interesadas a los servicios de orientación y asesoramiento.

Por su parte, Saravia subrayó la importancia de abordar “todo lo que falta todavía por avanzar” en la aplicación real de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en ámbitos como el empleo público, donde el reconocimiento formal de derechos no siempre se traduce en igualdad efectiva.

CONDICIONES DE IGUALDAD

Durante su intervención, Quintana advirtió de que, aunque existe un marco legal de reconocimiento de derechos, persisten importantes dificultades para que las personas con discapacidad accedan al empleo público en condiciones reales de igualdad. “Más allá del reconocimiento legal, queda un trabajo importante de aplicación material de ese reconocimiento”, señaló el ponente, quien defendió la necesidad de activar todos los resortes jurídicos y administrativos para que los derechos sean efectivos.

El jurista recordó que el acceso al empleo público no puede entenderse como una cuestión menor, sino como un derecho vinculado a la igualdad, a la participación y a la calidad democrática: “Estamos hablando de igualdad, de participación, estamos hablando de democracia; en ningún caso estamos hablando de situaciones privilegiadas para las personas con discapacidad”. Explicó que los cupos de reserva, del 7% con carácter general y del 10% en la Administración General del Estado (AGE), no suponen una ventaja injustificada, sino una herramienta para remover barreras históricas.

Según expuso, las pruebas y las exigencias son las mismas, pero se reserva un número de plazas para garantizar que las personas con discapacidad puedan concurrir en condiciones de igualdad. “La reserva lo que supone es una lucha por la igualdad”, recalcó.

AJUSTES RAZONABLES

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el derecho a los ajustes razonables en los procesos selectivos y en el desempeño posterior del puesto de trabajo. El ponente recordó que estos ajustes pueden incluir tiempo adicional, formatos accesibles, Braille, macrocaracteres, lectura fácil, productos de apoyo, intérpretes de lengua de signos, medios de apoyo a la comunicación oral, aulas accesibles o pruebas alternativas equivalentes, entre otras medidas.

También señaló que, una vez obtenido el puesto, pueden ser necesarias adaptaciones del entorno, herramientas de trabajo, flexibilidad horaria, reorganización de tareas o medidas que eviten la discriminación en carrera profesional, retribución y evaluación.

El experto alertó además sobre las vulneraciones más frecuentes, entre ellas las adaptaciones denegadas o insuficientes, la falta de accesibilidad en sedes, exámenes, plataformas o materiales, el mal cómputo del cupo de reserva, las declaraciones de “no apto” genéricas, los problemas de acreditación documental y las barreras persistentes en cuerpos superiores y puestos de mayor cualificación.

En relación con los reconocimientos médicos, Quintana defendió que lo relevante no debe ser la discapacidad en abstracto, sino si la persona puede desempeñar las funciones esenciales del puesto.