Según informó la plataforma representativa de la discapacidad, el Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, entrará en vigor mañana y será de aplicación a los hechos causantes que se produzcan a partir de esa fecha.

La norma incorpora al anexo del Real Decreto 1851/2009 la amiloidosis por transtiretina variante, la distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), la enfermedad de Huntington, la espina bífida, la enfermedad de Parkinson, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis sistémica y la enfermedad renal crónica en estadio G5. Asimismo, amplía la referencia a la lesión medular para incluir tanto la de origen traumático como la no traumática.

El Cermi destacó que esta modificación responde al procedimiento reglamentario establecido para revisar periódicamente el listado de discapacidades que, por reducir de forma significativa la esperanza de vida, justifican el adelanto de la edad de jubilación.

La entidad subrayó además que el preámbulo del real decreto reconoce expresamente la participación del movimiento social de la discapacidad en la elaboración de la norma, al señalar que el texto “fue sometido a audiencia” del Cermi y de los agentes sociales, además de ser consultado el Consejo Nacional de la Discapacidad.

A juicio del movimiento asociativo de la discapacidad, la entrada en vigor de esta ampliación supone “un avance relevante” en la protección social de las personas trabajadoras con discapacidad, al incorporar situaciones que hasta ahora “no estaban contempladas pese a la gravedad de sus efectos y a su incidencia sobre la esperanza de vida”.

El Cermi recordó que esta reforma responde a una reivindicación sostenida del movimiento organizado de la discapacidad y valoró especialmente que el procedimiento creado en 2025 permita mantener abierto el catálogo de patologías susceptibles de incorporarse en el futuro cuando exista evidencia científica suficiente que lo justifique.

Asimismo, anunció que continuará colaborando con las administraciones públicas y con las organizaciones representativas de las distintas discapacidades para que este mecanismo siga desarrollándose “con objetividad, rigor científico y agilidad”, garantizando que ninguna persona trabajadora “quede excluida de esta medida de protección cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación”.