Se instrumenta así la principal conclusión del XIX ‘Congreso de Cermi Autonómicos’, celebrado en Mérida los pasados días 28 y 29 de octubre, auspiciado por el Cermi Extremadura y dedicado monográficamente al “refuerzo de la cooperación transfronteriza en materia de derechos de las personas con discapacidad” entre los dos países ibéricos.

La demanda del Cermi, dirigida a los dos Estados, es que Portugal y España “comiencen negociaciones bilaterales” que culminen en la “firma de un tratado internacional” en virtud del cual ambos países “reconocerían mutuamente las situaciones oficiales de discapacidad”, de modo que lo declarado por un país tendría “efectos en el otro”, quedando homologados los respectivos grados de discapacidad.

Esta medida protegería particularmente a “las personas con discapacidad de ambas naciones” que residen en territorios que hacen frontera, que podrían acogerse indistintamente a los apoyos y recursos del otro país, pero también beneficiaría al resto de personas declaradas oficialmente, tanto por Portugal como España, con “grado de discapacidad”, promoviendo la movilidad y los intercambios en la península ibérica.