Esta decisión implica la no consideración de la esterilización forzada como una forma de delito y, al no existir una legislación común en Europa, cada Estado miembro podrá determinar si ilegalizar o no la práctica. En Europa es criminalizada en Suecia, Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia, Polonia y España.

FCM alertó que esta resolución deja al margen a un montón de mujeres con discapacidad que están en peligro de esterilización en la Unión Europea en países en los que se siguen incluyendo en su ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la Unión Europea no aprobó el delito de violación centrado en el consentimiento de la víctima, aspecto importante que ha sido criticado por el movimiento de mujeres en toda Europa.

La entidad señaló que esta directiva proporcionó algunas mejoras a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad como por ejemplo la creación de circunstancias agravantes cuando el delito se comete contra una mujer o niña con discapacidad, así como directrices para las autoridades que actúan en procesos penales, entre otras. Sin embargo, la penalización de la esterilización forzada en toda la Unión Europea, junto con una definición de violación basada en el consentimiento, “habría mejorado las vidas de innumerables mujeres”, según FCM.

“Las instituciones europeas tenían la llave para condenar esta forma de violencia. Desde FCM no entendemos como una práctica tan cruel e inhumana no haya sido prohibida a nivel europeo”, declaró la directora ejecutiva de Cermi Mujeres, Isabel Caballero.