Con este propósito, desde el Cermi señalan la "necesidad" de que se proceda por parte del Ejecutivo a promover las modificaciones correspondientes en la Ley 21/1991, de 17 de junio, por la que se crea el Consejo Económico y Social," dando cabida a la discapacidad organizada como parte integrante de este órgano, expresamente citada en el texto legal que lo regula".

Así, hacen hincapié en que el CES, como ente de derecho público de carácter consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, con reconocimiento constitucional (artículo 131,2), "ha de renovar su regulación legal para adaptar su composición no solo al mandato del nuevo artículo 49, sino también a la que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a la participación activa de estas en la toma de decisiones que les afecten, asegurando que las políticas y leyes sean diseñadas con y por personas con discapacidad, no solo para ellas".

"La actualización de las disposiciones normativas del Consejo Económico Social en el sentido que propugna el Cermi acompasaría esta regulación con lo que ya ocurre en otros órganos análogos, como el Comité Económico y Social Europeo e incluso Consejos Económicos y Sociales autonómicos, en los que la discapacidad organizada está representada", subrayan.