Lo hizo a través de la comisionada de los Cermi Autonómicos, Teresa Palahí, quien participó en un acto organizado por la agencia de noticias Servimedia en el que se presentó el informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024’, elaborado por el Cermi.

Este encuentro, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, también contó con la participación del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia; la delegada de la Fundación “la Caixa” en Madrid, Laura Llapart, y la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE y miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Natalia Guala Beathyate.

Teresa Palahí consideró que el abordaje de la violencia de género perpetrada contra las mujeres con discapacidad representa un “tema relevante, de urgencia, de pura necesidad”, lo que le sirvió para exponer que “todos los datos indican que las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de violencia de género, y son víctimas en un porcentaje mayor de situaciones de violencia de todo tipo: física, psicológica, económica”.

Por ello, hizo suya la petición de la Fundación Cermi Mujeres al reclamar a las autoridades competentes la elaboración de una macroencuesta a niñas y mujeres con discapacidad para conocer la incidencia de la violencia de género en este segmento de la población. “Sólo así se podrán adoptar políticas efectivas para erradicar esta lacra”, aseveró.

En cuanto al contenido del informe, Teresa Palahí indicó que la reforma del artículo 49 de la Constitución supuso un “avance histórico” al incorporar una “mención expresa a la mujer y a la niña con discapacidad por su especial vulnerabilidad”. Esta mención la presentó como un “principio de acción positiva” que tiene como objetivo “cambiar esa desigualdad estructural existente que no es entendida por todo el mundo”.

INCAPACITACIÓN JUDICIAL

Tras mencionar los “avances importantes” habidos en materia normativa el año pasado, se centró en las carencias que todavía están presentes en el día a día del colectivo, centrándose en “las enormes barreras de las mujeres y niñas con discapacidad a la hora de acceder a la justicia, por el estigma, los estereotipos y la falta de accesibilidad”.

A pesar de la reforma acometida en el Código Civil en 2021, denunció que “muchas mujeres con discapacidad están sometidas a un sistema de sustitución de toma de decisiones que perpetúa los abusos y la impunidad”.

Por ello, llamó a “seguir avanzando en erradicar la incapacitación judicial, incorporar el enfoque interseccional en las políticas públicas, asegurar la asistencia gratuita en lo judicial y abordar de manera efectiva la formación efectiva del personal judicial”, ya que se detecta que tras la carencia de ésta “hay interpretaciones inadecuadas que perpetúan la discriminación y los abusos que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad”.

Por último, deslizó la necesidad de poner en marcha “un programa de reparación efectiva de las víctimas de la esterilización forzada, que mayormente afecta a mujeres y niñas con discapacidad”.