La plataforma representativa de la discapacidad trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un conjunto de propuestas de enmienda al proyecto de ley con el objetivo de “reforzar la accesibilidad universal, la participación de las organizaciones representativas de la discapacidad y los mecanismos de supervisión de la inteligencia artificial”.

El Cermi explicó que sus propuestas se fundamentan en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el artículo 49 de la Constitución Española, que obligan a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para promover la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad, al tiempo que previenen los riesgos de exclusión y discriminación.

Entre sus principales planteamientos figura que todos los procedimientos previstos en la futura norma, incluidos los canales de información y reclamación, los registros, las inspecciones, el régimen sancionador y las explicaciones sobre decisiones automatizadas, sean plenamente accesibles y comprensibles para todas las personas.

Asimismo, la organización pidió que las entidades representativas de las personas con discapacidad y sus familias participen en la elaboración de directrices, las tareas de supervisión, los entornos de pruebas y la gobernanza de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

El Cermi también solicitó que las obligaciones en materia de accesibilidad, igualdad y no discriminación tengan carácter vinculante y puedan ser objeto de control y sanción cuando se incumplan. Con ello pretende prevenir el denominado “capacitismo algorítmico”, es decir, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial que pueden perjudicar a personas cuyas características cognitivas, sensoriales, comunicativas o físicas se apartan de los patrones considerados normativos.

Además, reclamó que las administraciones públicas garanticen que los sistemas de inteligencia artificial que adquieran o utilicen “sean accesibles, auditables y respetuosos con los derechos humanos”, así como que estén sometidos a una supervisión humana “con capacidad efectiva para revisar y corregir sus resultados”.

De cara a la tramitación parlamentaria, la plataforma representativa de la discapacidad instó a los grupos políticos a incorporar estas propuestas al texto legal y a establecer mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil de la discapacidad.

El Cermi advirtió de que la gobernanza de la inteligencia artificial “no puede descansar únicamente en principios éticos o compromisos voluntarios” y defendió que los derechos de las personas con discapacidad deben traducirse en obligaciones jurídicas exigibles para evitar que los avances tecnológicos reproduzcan barreras o situaciones de discriminación.