Así lo manifestó el presidente del Cermi en una entrevista concedida a Servimedia, en la que advirtió de que la falta de accesibilidad del parque residencial español “sigue expulsando al colectivo del acceso a una vivienda digna” y compromete objetivos como la desinstitucionalización o la vida independiente.

Pérez Bueno defendió la reciente alianza entre el Cermi y la Asociación Provivienda para impulsar soluciones habitacionales accesibles, inclusivas y asequibles, convencido de que el problema de la vivienda “exige sumar esfuerzos entre las entidades sociales”.

Luis Cayo Pérez Bueno explicó que el acuerdo con Provivienda responde a la necesidad de “mutualizar agendas” entre dos organizaciones referentes en sus respectivos ámbitos para obtener mejores resultados que actuando de forma aislada.

En este sentido, recordó que el movimiento de la discapacidad ha denunciado históricamente que sus reivindicaciones quedaban “relegadas a un segundo plano”, pero subrayó que “la crisis de la vivienda ha cambiado ese escenario”.

“En el problema de la vivienda las personas con discapacidad estamos plenamente incluidas”, afirmó, al señalar que este colectivo sufre las mismas dificultades que el conjunto de la ciudadanía para acceder a una vivienda, aunque “agravadas por las barreras específicas derivadas de la discapacidad”.

UNA BARRERA AÑADIDA

El presidente del movimiento asociativo de la discapacidad explicó que, además del elevado precio de compra o alquiler y de las dificultades para acceder a financiación, las personas con discapacidad deben enfrentarse a un obstáculo adicional, “la falta de accesibilidad del parque residencial español”.

Recordó que más del 70% de las viviendas existentes fueron construidas en una época en la que no existían normas de accesibilidad, por lo que muchos edificios carecen de ascensores adecuados, itinerarios accesibles o soluciones adaptadas para personas con discapacidad física, visual, auditiva o de otro tipo. “Ese factor restringe y expulsa todavía más a las personas con discapacidad”, advirtió.

Según explicó, esta situación no solo dificulta el acceso a una vivienda, sino que también afecta a quienes adquieren una discapacidad sobrevenida o entran en situación de dependencia y descubren que su propio hogar deja de ser habitable.

“No pueden salir, no pueden entrar y quedan encerradas en sus casas”, lamentó, al recordar que 100.000 de personas viven actualmente esta realidad.

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE

Pérez Bueno defendió que la vivienda constituye “el punto de partida” para desarrollar cualquier proyecto de autonomía personal. “La vivienda es el campamento base para ejercer el resto de derechos”, afirmó.

En este sentido, advirtió de que uno de los grandes objetivos del movimiento de la discapacidad, la desinstitucionalización, no podrá hacerse realidad si las administraciones no garantizan una oferta suficiente de viviendas accesibles en la comunidad.

Recordó que muchas personas con discapacidad permanecen en residencias no porque sea su opción de vida, sino porque “carecen de alternativas habitacionales adaptadas”. “Si no hay viviendas, ¿Cómo va a tener éxito cualquier proyecto de desinstitucionalización?”, se preguntó.

A su juicio, resulta muy difícil pedir a una persona con una gran discapacidad que abandone un entorno residencial para iniciar una vida independiente si no dispone de una vivienda accesible en el barrio donde desea vivir. “Muchas veces las propuestas de vida independiente se truncan porque no existen oportunidades de vivienda en la comunidad”, lamentó.

El presidente del Cermi defendió también el impulso de nuevas fórmulas de acceso a la vivienda, como los proyectos colaborativos o cooperativos promovidos por entidades sociales.

En este sentido, planteó que las organizaciones de la discapacidad puedan asumir un papel “más activo como gestoras de vivienda social” destinada al colectivo.

Frente al protagonismo que, a su juicio, han adquirido los grandes fondos de inversión en el mercado residencial, Pérez Bueno apostó por “explorar modelos de gestión con finalidad social impulsados desde el tercer sector”.

No obstante, advirtió de que estas iniciativas solo podrán desarrollarse con éxito si cuentan con un marco normativo favorable y con políticas públicas que incrementen el parque de vivienda social accesible. “Las organizaciones de la discapacidad pueden asumir ese papel, pero necesitamos políticas públicas que lo hagan posible”, concluyó.