Ambas organizaciones apoyaron la iniciativa impulsada por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), al entender que “sitúa en el centro de la atención la autonomía personal, el consentimiento libre e informado y el respeto a la voluntad y las preferencias de cada persona”, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

A juicio del Cermi y Salud Mental España, la recomendación supone “un importante paso adelante” hacia modelos de atención alejados de enfoques paternalistas y coercitivos que, históricamente, han afectado de forma desproporcionada a las personas con discapacidad psicosocial.

Las entidades destacaron que el texto reconoce a las personas usuarias de los servicios de salud mental como “titulares de derechos y participantes activos en las decisiones que afectan a sus vidas”, promoviendo una atención basada en “la confianza, la participación y el consentimiento informado”.

Asimismo, valoraron especialmente que la recomendación subraye que cualquier apoyo o intervención en salud mental “debe prestarse sobre la base del consentimiento libre e informado” de la persona, reforzando así el respeto a los derechos fundamentales y favoreciendo “una atención más eficaz, inclusiva y centrada en la persona”.

En paralelo, Cermi y Salud Mental España reiteraron su preocupación por la tramitación del proyecto de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo relativo a las medidas involuntarias en salud mental. Recordaron que numerosas organizaciones de personas con discapacidad y de defensa de los derechos humanos han cuestionado su posible incompatibilidad con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este año conmemora su vigésimo aniversario.

Por ello, ambas organizaciones se sumaron al llamamiento del Foro Europeo de la Discapacidad para que los Estados miembros del Consejo de Europa apliquen plenamente la nueva recomendación mediante reformas legislativas, políticas públicas e inversiones en servicios comunitarios de apoyo, así como garantizando la participación efectiva de las personas con experiencia propia en salud mental en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas que les afectan.