La organización presentó el ‘Estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica’, que recoge testimonios y evidencia las “barreras estructurales, sociales y familiares” que limitan el acceso a la información, la educación sexual, los servicios de salud accesibles y la posibilidad de “decidir libremente sobre la propia vida reproductiva”.

El trabajo, elaborado a partir de historias de vida, entrevistas y análisis documental, denuncia la “falta de políticas públicas específicas, la carencia de formación de profesionales sanitarios y sociales, los estigmas persistentes y la ausencia de recursos accesibles” que garanticen el “ejercicio efectivo” de estos derechos.

En muchas ocasiones, “no somos reconocidas como personas autónomas, deseantes o capaces de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestra vida afectiva”, afirmó la secretaria de Organización y comisionada de Mujer e Igualdad de Cocemfe, Marta Valencia. “Esto perpetúa un modelo discriminatorio que excluye a nuestro grupo social del ejercicio de la ciudadanía”, añadió.

El estudio recoge también testimonios como el de Rosa, mujer con esclerosis múltiple residente en Ourense, que recuerda cómo su médico insistió en “colocarle un DIU tras el diagnóstico”, cuestionando su “capacidad para ser madre”. O el de Arturo, madrileño con osteogénesis imperfecta, que relata cómo la sociedad le ha hecho “sentir que su cuerpo no es válido”. Y el de María, con poliomielitis, que describe las “dificultades para acceder a pruebas ginecológicas por falta de recursos adaptados”.

Ante esta realidad, Cocemfe reclamó que los “derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad se incorporen de forma explícita en las políticas públicas de salud, educación y servicios sociales”. Asimismo, pidió “formar a profesionales” en discapacidad, género y derechos humanos, garantizar información accesible, ofrecer una “atención sexual y reproductiva inclusiva” y proporcionar “apoyos personalizados” que respeten la autodeterminación.

“La salud sexual es un derecho humano fundamental”, subrayó Valencia.