La promoción de vivienda adaptada, la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal y mecanismos de evaluación, el alquiler accesible y la obligación por ley "de realizar obras de accesibilidad con independencia de las decisiones de las Comunidades de Propietarios", son las principales propuestas que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) sugirió que se incluyan en el Plan Estatal de Vivienda.

Esta entidad valoró “positivamente que el borrador del Real Decreto reconozca la accesibilidad como principio rector y considere a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, pero alerta de que, sin medidas operativas concretas, estos avances corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones”.

Este plan tiene como objetivo "facilitar el acceso a viviendas asequibles y mejorar la oferta de vivienda social en España y cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030", según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

VIDA INDEPENDIENTE

“El acceso a una vivienda adecuada es la base para una vida independiente y una plena inclusión en la sociedad”, argumentó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, quien añadió que no pueden “seguir permitiendo que miles de personas con discapacidad física y orgánica sigan encerradas en sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios”.

Entre las principales propuestas presentadas por esta entidad se encuentran “la inclusión de una obligación legal para que las comunidades de propietarios realicen obras de accesibilidad cuando residan personas con discapacidad”, eliminando la actual dependencia de acuerdos vecinales, así como la creación de “un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, estable y finalista, que asegure la sostenibilidad financiera de las actuaciones en esta materia y garantice su continuidad en el tiempo”, según indicó la confederación.

Cocemfe consideró también “necesario establecer un cupo vinculante de al menos el 4 % de vivienda protegida reservada para personas con discapacidad, con mecanismos de control y transparencia en la adjudicación e impulsar programas de alquiler accesible, que combinen ayudas públicas y adaptación de inmuebles, con una reserva específica para personas con discapacidad”.

“Este Plan Estatal, además de reconocer a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, debe establecer medidas específicas que garanticen nuestro acceso real y efectivo a una vivienda digna”, declaró Queiruga, quien hizo hincapié en que “el Plan tiene que contemplar la creación de prestaciones públicas específicas que apoyen la transición hacia viviendas accesibles, cubran los costes derivados de la adaptación y aseguren la sostenibilidad del proyecto de vida independiente”.

MUJERES CON DISCAPACIDAD

“Fomentar vivienda pública accesible y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad tanto en entornos urbanos como rurales, incluyendo nuevos modelos habitacionales inclusivos, reforzaría el derecho a la vida independiente, la participación social y la convivencia en comunidad, en coherencia con los principios de accesibilidad universal y con la Estrategia de Desinstitucionalización impulsada a nivel estatal, en la que también ha colaborado Cocemfe”, según explicó la propia entidad.

Es fundamental aportar al Plan “un enfoque de género inclusivo y transversal, que además de proteger a las víctimas de violencia de género, contemple de manera explícita a las mujeres con discapacidad y también un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores de accesibilidad y vida independiente”, explicó Cocemfe, que incidió en que este enfoque deberá permitir la medición “de forma objetiva, el grado de cumplimiento y garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la vida de las personas con discapacidad”.

“El nuevo Plan Estatal de Vivienda es una oportunidad para que nuestro país pase del reconocimiento formal a la acción efectiva”, prosiguió Queiruga, quien recordó que Cocemfe y su movimiento asociativo están siempre “a disposición de las instituciones para diseñar las medidas necesarias para asegurar que lleguen a todas las personas, vivan donde vivan, y tengan un impacto real en su calidad de vida” y desarrollar “un modelo de vivienda verdaderamente inclusivo, accesible y respetuoso con los derechos humanos”.