El documento publicado por la Comisión, además de dar el visto bueno a la adenda del PRTR, especificaba que los préstamos para España quedarían en un importe máximo de poco más de 22.705 millones de euros, después de que el Gobierno optara por financiarse en los mercados para obtener un mejor coste y garantizar una red de seguridad más allá de 2026, cuando expiran estos fondos.

La Comisión explicó que la adenda presentada por España afectaba a 85 medidas por “circunstancias objetivas”. Otras 35 de las medidas iniciales ya no son “parcialmente alcanzables por falta de demanda”, como la línea de préstamos ICO para el impulso de la vivienda social o el Perte para la digitalización de los usos del agua.

Por otro lado, el Gobierno explicó en la adenda presentada a Bruselas que 23 medidas tampoco serán “parcialmente viables” por limitaciones en la cadena de suministros y dificultades técnicas inesperadas. Entre ellas, el Ejecutivo señaló los programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, la conservación de la biodiversidad terrestre o marina, o la modernización de la Administración General del Estado (AGE).

A esas hay que sumar otras tres medidas iniciales que tampoco será posible cumplir de forma parcial como consecuencia de la inflación. Esas tres son el Programa para la construcción de viviendas sociales de alquiler en edificios energéticamente eficientes, el Plan España País Accesible y el aumento de la capacidad y la eficiencia del sistema de acogida de migrantes y solicitantes de protección internacional.

Otras tres tampoco serán completamente viables “debido a un número insuficiente de solicitudes elegibles”. Entre ellas se encuentran el Programa de regeneración y desafío demográfico, el fomento de la cohesión territorial mediante el despliegue de redes y el despliegue de 5G.

Por otro lado, España pidió modificar otras 21 medidas para lograr mejores alternativas de implementación y mantener la ambición inicial, como la ley de diversidad familiar, la inversión en energía sostenible en las islas o la reforma para mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la AGE.

Asimismo, la adenda recoge cambios en 72 medidas para aplicar alternativas mejores que permitan reducir la carga administrativa, como la ley de Movilidad o la reforma para la lucha contra la desertificación.

La Comisión también informó en su documento de que España había solicitado incorporar cuatro nuevas medidas y aumentar el nivel de aplicación de tres gracias a la supresión de otros hitos.

Las nuevas medidas hacen referencia al apoyo al comercio, la firma de un acuerdo de contribución entre España y la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC JU, por sus siglas en inglés) y el desembolso de una contribución voluntaria a ese organismo, la contribución voluntaria a la Agencia Espacial Europea para distintos programas y un esquema de apoyo a la transición verde.

En cuanto al aumento al nivel de aplicación, España optó por mejorar el plan de eficiencia y sostenibilidad en el riego, el régimen de ayudas para apoyar proyectos estratégicos en la cadena de valor de los coches eléctricos y el régimen de ayudas para proyectos de descarbonización.

RESPALDO DEFINITIVO

Tras conocerse el visto bueno de la Comisión, el Ministerio de Economía destacó que España lograba así el “respaldo definitivo de Bruselas” y evidenciaba “el éxito y la solvencia” de la gestión española de los fondos europeos.

Para la cartera dirigida por Carlos Cuerpo, la aprobación de la adenda “avala la buena marcha del Plan de Recuperación y marca el inicio de la recta final del despliegue de los fondos europeos”, que están sirviendo para modernizar la economía.

Fuentes de Economía explicaron que, con esta simplificación, el Gobierno ejecutará el tramo final de los fondos europeos y ultimará las inversiones “que garantizan la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos”.

España habrá recibido hasta 2026 cerca de 103.000 millones de euros, incluidos los 80.000 millones de euros en transferencias, una inyección equivalente a casi el 6% de la economía nacional.

La Adenda también potencia sectores clave para el futuro de la ciudadanía mediante una inyección de recursos ambiciosa como, por ejemplo, los 13.000 millones de euros al ICO, destinados a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler asequible o el apoyo económico para pymes y startups innovadoras, como recordaron desde Economía.