Son datos facilitados desde la Comisión a Servimedia y actualizados con fecha de 13 de noviembre. Esta herramienta del Priva cumplió en septiembre su primer año de trabajo para la reparación integral de víctimas de abusos.

Según explica la propia comisión, tiene como objetivo "evaluar y dictaminar la reparación integral de aquellos casos de abusos sexuales cometidos a menores de edad o personas equiparables en derechos que ya han prescrito o en los que la justicia formal tiene extinguida su capacidad de actuar, actúa con independencia y autonomía y dictamina la reparación de los casos con criterios jurídicos y terapéuticos en el plazo de tres meses tras recibir un caso".

Desde el mes de febrero de 2025 -fecha en la que se empezaron a recibir las primeras solicitudes-, hasta este mes de septiembre habían llegado a la comisión un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas. Es decir, en dos meses ha habido diez solicitudes nuevas.

Aunque la comisión propone una reparación integral y multidisciplinar a las víctimas que va desde el acompañamiento hasta la prevención, detalló también que la cuantía de las reparaciones comunicadas en septiembre oscilaba entre los 3.000 y 100.000 euros -en función de la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso-, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones.

Para acceder a esta reparación, el cauce habitual está en la petición del solicitante a través del formulario registrado en la web 'https://www.paradarluz.com/priva/'. Una vez recibida esta solicitud, la Comisión se pone en contacto "con la institución eclesial donde se sufrió el daño para solicitar su admisión a trámite y la recepción del informe correspondiente". Es a partir de este momento cuando los miembros de la Comisión Asesora empiezan a trabajar el caso, "por grupos y en conjunto, desde criterios jurídicos y terapéuticos".

El dictamen final con la propuesta de reparación integral se envía a la autoridad correspondiente de la institución eclesial donde se ha producido el abuso (obispo o superior religioso), para que se lo transmita a la víctima. "En caso de que esta reparación no pueda realizarse, son la Conferencia Episcopal Española o la Conferencia de Religiosos (Confer) quienes responden subsidiariamente", detalla la comisión.

La comisión está formada por 10 miembros procedentes de distintos ámbitos: un representante de la Conferencia Episcopal Española y otro de Confer; y otros ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad; y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos), que ofrecen su servicio de forma voluntaria.