Según explicó la Comunidad, el objetivo de esta novedosa iniciativa, en la que ha colaborado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), es hacer más sencillo a los beneficiarios su paso por los distintos procedimientos de la Administración de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de indefensión debido a sus circunstancias. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, destacó “el compromiso de acercar un servicio público tan esencial como este a todos los ciudadanos".

Entre las funciones que prestarán los facilitadores destaca emitir un informe, tanto para el órgano judicial como para los operadores que intervengan en el procedimiento, sobre los apoyos y recursos necesarios que requiere la persona con discapacidad, con el fin de que ésta pueda participar y ejercer plenamente sus derechos en el proceso. Asimismo, se encargarán de asegurarles la plena comprensión de las comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial.

El Portal de Transparencia publicó el pasado martes el proyecto de decreto de Consejo de Gobierno por el que se establece este nuevo servicio público gratuito, abriendo así el período de información pública de 15 días. Los profesionales designados por la administración autonómica para la prestación de este servicio público serán externos, salvo cuando los usuarios tengan la condición de víctima del delito, en cuyo caso recibirán esta atención por parte de miembros de los equipos psicosociales de la red regional de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Para ser designados como facilitadores judiciales por la administración autonómica, los profesionales expertos deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que acreditar, al menos, 100 horas de formación específica en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o estar en posesión del título acreditativo de facilitador judicial y/o contar con una experiencia laboral mínima de un año en centros o servicios de atención a ciudadanos pertenecientes a este colectivo, así como carecer de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.