De este modo, Conde-Pumpido respondía al escrito presentado por parte del Alto Comisionado referido "a los supuestos en los que personas condenadas por delitos de terrorismo se han instalado o desarrollan sus actividades cerca del domicilio de sus víctimas".

Conde Pumpido apunta en el escrito que en dicha circular, "con el fin de hacer efectivo el alejamiento tras haber cumplido la pena privativa de libertad, se exhorta a los Fiscales a pedir en los supuestos del art. 57 una pena accesoria de alejamiento con una duración de al menos un año superior a la pena de prisión impuesta".

También se recoge que en dicha circular se requiere a los Fiscales para que ponderen las circunstancias de cada caso y en especial las de peligrosidad del reo, y así concreten la petición de alejamiento especificando si el lugar afectado es el domicilio, la calle, el distrito, la localidad, la provincia o incluso la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, se advierte a los Fiscales de la peculiaridad de que, a diferencia de otras penas accesorias, éstas deben ser "expresamente solicitadas por las acusaciones para que el órgano judicial pueda imponerlas" .

Asimismo, se les recuerda que la ley prevé la posibilidad de usar la monitorización electrónica para el control de estas medidas.

A pesar de que ya había dado instrucciones sobre estas penas, Conde Pumpido ha instruido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para que "promueva de forma expresa los criterios establecidos en la circular, con el fin de otorgar la máxima protección a las víctimas de delitos de terrorismo".

Además, le pide al fiscal jefe de la Audiencia que revise periódicamente el estado de solvencia económica de estos delincuentes, para comprobar si pueden hacer efectivas las indemnizaciones a que hayan sido condenados.