El fallo considera que es un “derecho consolidado”, anula las resoluciones del Departamento de Educación que rechazan los recursos de los docentes y estima que la decisión de no abonar las primas “no se ajusta a derecho”.

El fallo, que podrá recurrirse en apelación, señala también que la Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima porque las leyes de presupuestos no pueden vehicular un cambio normativo que entrañe la supresión, o el cese o acabamiento del todo de un derecho reconocido en una ley. Añade, también, que “por su propio sentido, suspender entraña conservar el derecho a recuperar el abono, ya que solo se detiene o difiere durante un tiempo”.

Aunque la cifra adeudada a cada profesor depende de diversos factores como los años que hayan anticipado la jubilación o su condición de docentes de primaria o secundaria, se estima que la cantidad total podría superar los 160 millones de euros. En total hay 2.632 docentes afectados.

La resolución inicial señalaba que la jubilación anticipada tiene ventajas tanto para el interesado como para el Estado, que así renueva las plantillas, rejuvenece la función pública, reduce el desempleo y ahorra, por tanto, en prestaciones para los demandantes de trabajo.