El proyecto de ley recoge una previsión de ingresos de 28,441 billones de pesetas en 1998, frente a unos gastos de 30,950 billones, es decir, un déficit de unos 2,5 billones depesetas que equivaldrá al 2,1% del PIB.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se felicitó de que los presupuestos salgan adelante con un "elevado gardo de consenso y colaboración de los grupos parlamentarios".

Rato calificó la ley aprobada como los presupuestos de la consolidación y la recuperación económica y dijo que sitúan a España entre los países capaces de plantear más reducción del déficit en un marco de acceso seguro al euro.

Al márgen del apoyoprestado por los socios nacionalistas del Gobierno, el portavoz del PNV, Jon Zabalia, fue el primero que abrió el fuego de críticas contra el planteamiento utilizado por el Gobierno con la Ley de Acompañamiento, como mecanismo en el que vale todo, y con el que introducir medidas que atiendan los intereses de grupos de presión.

LEY DE LOBBIES

Zabalía calificó la ley de acompañamiento de "ley de leyes" y "ley de lobbies, al tiempo que opinó que se trata de una norma que amalgama diferentes tipos de lees y enmiendas, y que genera inseguridad jurídica y un alto riesgo de inconstitucionalidad.

Las críticas de Zabalía desde la tribuna del Congreso fueron retomadas por los portavoces del PSOE. Primero fue José Borrell quién afirmó que nunca se había visto hacer con una norma legal "semejante tamaño de desmanes y tropelías", e incluso llegó a insisnuar que en el fondo se esté cometiendo mediante dicha ley un acto de prostitución con la Constitución.

Por último, el portavoz de IU, Pedro Antonio Ríos afirmó tras el pleno que propondrá al resto de grupos de la Cámara la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad sobre dicha ley de acompañamiento, que para 1998 incluye unas 13 leyes entre nuevas y modificadas.

De no conseguir el apoyo suficiente, dijo Ríos, se recurrirá al Defensor del Pueblo para que actúe en consecuencia y busque la forma de acabar con un mecanismo de ley para que el Gobierno atienda las exigencias de sus socios parlamentarios.