En concreto, la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas explica que el ‘Libro blanco sobre empleo y discapacidad’ señala que una medida esencial es la de endurecer la calificación de la infracción por incumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, para que pase de grave a muy grave, con todas las consecuencias derivadas de ello.

“Esta modificación debe de acompañarse de otras medidas dirigidas a que la sociedad en general, y el empresariado en particular, tome una mayor conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento y desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, de manera específica, de los beneficios que tiene para toda la ciudadanía conseguir la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad”, sostiene el texto del Grupo Socialista, que afirma que debe promoverse el conocimiento de la existencia de la reserva de empleo en las empresas y de la necesidad de que se cumpla.

Por todo ello, el texto, además de incorporar como muy grave el no cumplimiento de la cuota de reserva, establece la prohibición de que las empresas sancionadas puedan acogerse a contratos públicos y subvenciones.

Ello, mientras fija que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará, durante los próximos tres años, renovables por períodos iguales, campañas específicas dirigidas a verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas, confeccionando a tal efecto informes y balances en los que consten los resultados de las mismas, que permitan comprobar su eficacia.

DEBATE

Al defender el texto, el diputado socialista, Emilio Sáez, destacó que sigue habiendo situaciones de desventaja y discriminación para las personas con discapacidad, aunque se ha mejorado durante toda la democracia. “¿Dónde está escrito que por cada 37 personas que ocupa un puesto de trabajo solo pasa una persona con discapacidad?”, interpeló Sáez.

Por ello, argumentó que el PSOE ha promovido esta iniciativa, de forma que las empresas con más de 50 trabajadores, que solo son el 1% de las empresas en España, “por desgracia”, cumplan esa exigencia legal. Aunque resaltó los avances logrados gracias a las políticas de este Gobierno, reconoció que “el desfase es tan alto que nos obliga a hacer mayores esfuerzos”.

A estos argumentos, la diputada de Sumar Aina Vidal apuntó que la inclusión laboral es “un derecho”, aunque matizó que no se va a garantizar solo con sanciones, sino que debe hacerse con “claridad”, con “severidad” y “transformación del modelo”.

Por parte de la oposición, la diputada del PP Violante Tomás respaldó promover medidas en favor de la inclusión, pero reprochó al PSOE que solo apueste por el endurecimiento de las sanciones.

“Si nos limitamos a subir las multas, corremos el riesgo de crear una cultura del miedo en las empresas, en lugar de incentivar la contratación, que entendemos que es lo que se pretende. El cumplimiento de la cuota del 2% debe ser el suelo, nunca el techo”, prosiguió Tomás, quien pidió que se haga ver a las empresas que “la inclusión no es una carga, sino una oportunidad”. Igualmente, expuso que hay empresas de menos de 50 empleados que quieren contratar personas con discapacidad pero no tienen medios suficientes para adaptar los puestos.

De su lado, el parlamentario de Vox Juan José Aizcorbe cuestionó la cuota del 2% y apostó por, en su defecto, impulsar apoyos y acompañamientos porque “el objetivo no puede ser un porcentaje mecánico”. “Que la persona con discapacidad no sea vista como una carga, una cuota, sino como un empleado en igualdad de condiciones”, apuntaló, antes de cargar contra el “uso irresponsable” de los recursos públicos, destinándolos a asuntos como la inmigración irregular. “Esa es la verdadera inmoralidad del sistema”, sentenció.

Por otro lado, la diputada del PNV Nerea Rentería apoyó abiertamente el texto del PSOE, si bien lamentó que una propuesta del PSOE de hace casi una década tenía incluso “más ambición” en esta materia que el texto que ahora promueve. “Apoyamos el espíritu de esta ley pero creemos que debe mejorarse”, añadió Rentería, quien pidió “proporcionalidad” en las sanciones, acompañamiento e incentivos para las empresas.

“Como en otras cuestiones, pecan ustedes, en el Gobierno, de falta de ambición”, coincidió el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador, quien denunció que el 80% de las empresas incumplen el mínimo legal exigido por las sanciones “irrisorias”.

Josep Maria Cervera, de Junts, pidió que las administraciones den “ejemplo”, pues muchas veces son ellas las que no cumplen con el mínimo de personas con discapacidad que les exige la ley. Finalmente, Bildu apoyó el texto pero aclaró que no es suficiente para resolver los problemas de empleabilidad de las personas con discapacidad.