En concreto, según precisó durante la defensa de la iniciativa el diputado Fèlix Alonso Cantorné, la proposición no de ley aprobada urge al Ejecutivo a regular el acceso de las personas menores de edad a las cajas botín o 'lootboxes', con el fin de “proteger” a este colectivo de los mecanismos aleatorios de recompensa en productos de software vinculados al ocio.

En paralelo, aboga por establecer los mecanismos “necesarios” para aplicar medidas de juego “seguro” orientadas a personas que quieran activar mecanismos aleatorios de recompensa en productos de software vinculados al ocio y por “impulsar” las medidas “necesarias” para la regulación de la publicidad de las cajas botín, “especialmente en aquellos medios más utilizados por las personas menores de edad”.

Tras advertir de que psicólogos especializados “detectan patologías de adicción en los adolescentes que consumen videojuegos”, el diputado de Sumar agregó que, “según los profesionales, el problema se inicia con los videojuegos que ofrecen cajas botín o 'lootboxes'", un sistema de premio aleatorio al jugador "similar al funcionamiento de las tragaperras online”.

En este contexto, recordó que en España solo están prohibidas las cajas botín “en las que los premios se pueden cambiar por dinero”, por lo que el resto “estos momentos no tienen regulación”. No obstante, hizo hincapié en que, “aunque los premios obtenidos a través de una caja botín no se puedan monetizar, la mecánica comparte casi la total semejanza con las máquinas de azar”, lo cual, a su juicio, “estimula el surgimiento de distorsiones cognitivas y conductas de juego cada vez más persistentes” entre los participantes.

COMPARTEN CARACTERÍSTICAS CON JUEGOS DE AZAR

“La operativa de las cajas botín comparten características estructurales y de dinámicas comerciales con los juegos de azar, por ejemplo, las pérdidas disfrazadas de ganancias”, denunció, para indicar que las “conexiones” de “algunos” mecanismos aleatorios de recompensa con los juegos de azar “traen consigo las consecuencias negativas que afectan en particular a determinados colectivos vulnerables” como el de los menores de edad y el de las personas con un “trastorno asociado a su conducta de juego”.

“La doctrina científica ha subrayado la posibilidad de que las cajas botín, como mecanismos que simulan o comparten características esenciales con los juegos de azar, pueden afectar de forma negativa a los menores de edad que las utilizan, lo cual puede originar en un futuro un mayor grado de severidad en los trastornos asociados a la conducta de juego”, apostilló, para criticar que la presencia de cajas botín en videojuegos con una calificación inferior a 18 años “es constante” e insistir en que los estudios científicos alertan de una “relación directa” de las cajas botín con el “surgimiento de conductas con el juego problemático patológico”.

RESTO DE GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones, por el PSOE, Noelia Pérez Cobo reconoció la existencia de una “creciente preocupación” ante la “proliferación” de “fenómenos asimilables” a los juegos de azar en los videojuegos y “sus factores de riesgo”, por lo que juzgó “necesaria y pertinente” su regulación mediante la “adaptación” de la normativa vigente a los “cambios que se establecen en la sociedad a raíz de la transición digital y todo lo que ello implica”.

A este respecto, consideró “clave” que la normativa nacional “se ajuste a las necesidades y a los nuevos formatos que la sociedad requiere” y llamó a la “coordinación” entre las diferentes administraciones así como con la industria del videojuego y las organizaciones de consumidores.

Por último, destacó que la regulación y el tratamiento de las cajas de recompensa o cajas botín “han generado un intenso debate en los distintos países europeos” y que, si bien “algunos países de nuestro entorno” ya han adoptado “distintas fórmulas de regulación” y en otros “se está estudiando cuál debe ser la regulación adecuada para las cajas de botín”, hasta el momento no existe esa “política común a nivel europeo”.

En representación del PP, Silverio Argüelles coincidió con el resto de grupos en la “necesidad” de regular las cajas botín, a las que calificó como “mecanismos disfrazados de inofensivos” y elementos de juego que, a su juicio, “están generando preocupaciones serias” sobre su “impacto” en la salud mental y financiera “especialmente de nuestros jóvenes y de los colectivos más vulnerables”.

“Determinadas empresas aprovechan la falta de regulación para implementar tácticas de diseño engañosas y adictivas poniendo en peligro a una generación entera de jóvenes jugadores”, afeó, al tiempo que recordó al resto de parlamentarios su “responsabilidad” como legisladores de “proteger” a los ciudadanos de “prácticas abusivas y potencialmente dañinas”.

Junto a ello, emplazó a no plantear la regulación de las cajas botín como “un ataque a la industria del videojuego”, sino como “una medida necesaria para garantizar un entorno de juego seguro y justo”, al tiempo que exigió “transparencia en las probabilidades de los premios, establecer límites en las compras dentro del juego y prohibir el acceso a los menores a estos mecanismos de juegos de azar”.

Finalmente, desde Vox, Tomás Fernández lamentó que en el texto de Sumar “nada se habla de llevar a cabo estudios centrados en la investigación sobre cajas botín”, al entender que “lo poco que hay es insuficiente y es incipiente”. “Apenas se han estudiado las consecuencias derivadas de su consumo, ni siquiera se han analizado los aspectos psicológicos y emocionales derivados del gasto en estos productos digitales, especialmente en los menores”, agregó, convencido de que es “lo primero que deberíamos de hacer si lo que se pretende es diagnosticar y tratar este problema”.

MINISTERIO

El pasado mes de abril, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con competencias en materia de juego, anunció la intención de su departamento de “acometer” una iniciativa legislativa para “restaurar todos los artículos” del real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego tumbados por una sentencia del Tribunal Supremo, “pero también para ampliar y mejorar la regulación del juego online en España”.

Su objetivo es “hacerlo” primero mediante un “refuerzo” de los mecanismos de verificación de edad en el acceso a estas actividades y también a través de la “regulación” de las llamadas cajas botín, que, según reconoció, “son unos mecanismos aleatorios de recompensa que están presentes en algunos videojuegos y que presentan muchas similitudes con los juegos de azar”.

“Además, estas cajas botín tienen una prevalencia importante entre la población más joven”, indicó, para aseverar que, según los datos que maneja su gabinete, “hasta un 24%, casi uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años, compraron cajas botín el año pasado”.

Esta circunstancia es algo que le “preocupa”, al entender que esta actividad “puede suponer” una “normalización o un primer acercamiento” hacia patrones de conductas que, a su entender, “pueden derivar en situaciones de riesgo para las personas más jóvenes o más vulnerables”.

El ministro también puntualizó que, además, en la actualidad estas cajas botín se compran y se activan en plataformas “que no están sometidas a ningún tipo de regulación, ni disponen de mecanismos de control o verificación de edad”, razón por la cual avanzó su interés en “acometer una regulación de la compra, la publicidad y el gasto” en cajas botín de manera que “podamos garantizar un entorno seguro para las personas más jóvenes en nuestro país”.

“Resumiendo, vamos a cometer una iniciativa legislativa para restaurar los artículos anulados de la regulación del juego por el Tribunal Supremo para ampliar y mejorar la protección mediante sistemas de verificación de edad y para acometer esta regulación pionera de las cajas botín en España”, apostilló, para “aclarar” que el Gobierno “apoya firme y decididamente” el desarrollo de la industria de los videojuegos en España, que, según su criterio, “son un puntal del desarrollo económico en nuestro país y de la Nueva Economía Digital”.

“Lo que queremos es que ese desarrollo, que es estratégico y fundamental, vaya de la mano con la garantía de un entorno digital seguro para las personas más jóvenes, como no podría ser de otra manera”, resolvió, consciente de que se trata de “una cuestión que requiere la máxima celeridad posible”.

El titular de Consumo estimó que "lo esencial de la regulación del juego online sigue vigente, no hemos vuelto a la situación anterior al Real Decreto". "No hemos vuelto a la ley de la jungla, pero se trata de aspectos importantes y creo que las medidas adicionales que planteamos van muy en la línea de lo que ha sido reconocido como una prioridad para este Gobierno, que es garantizar un entorno digital seguro para los niños, las niñas y las personas jóvenes”, resolvió.