Durante su intervención para la defensa de la iniciativa, la diputada ‘popular’ Bella Verano instó al Ejecutivo a “cumplir sus compromisos de investidura en los primeros Presupuestos Generales de Estado que traiga a esta Cámara” y recordó que en diciembre dicha ley cumplió 17 años y reivindicó que “da respuesta a uno de los pilares básicos de nuestro Estado de bienestar y que ha sido una de las políticas de Estado de mayor consenso”.

Tras puntualizar que, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno a finales de 2011 “la situación del sistema de dependencia era crítica” y sufría un “colapso”, defendió que el Gobierno del PP “garantizó su sostenibilidad al tiempo que resolvió los problemas del sistema” y denunció que, a pesar del plan de choque del año 2021, “sigue sin cumplirse la Ley de la Dependencia y el Estado sigue sin asumir el 50% de la financiación del sistema”.

“Esto obliga a que, debido al progresivo envejecimiento de la población, las comunidades autónomas tengan que hacer un mayor esfuerzo presupuestario”, lamentó, para criticar que, actualmente, el sistema se financia aproximadamente en un 75% por parte de las comunidades autónomas, a lo que habría que “unir la subida de las cuantías de las ayudas, prestaciones y servicios a la dependencia, lo que supone un sobreesfuerzo económico para las arcas autonómicas”.

En el turno de fijación de posiciones, desde el PSOE, María de las Nieves Ramírez avanzó el “compromiso expreso” del Ejecutivo socialista por “reforzar” la “correcta” financiación de la ley con el fin de que “llegue más, mejor y más rápido a las personas que lo necesitan, que la están esperando”, así como de “seguir con la reforma, con nuevos servicios y prestaciones adaptados a las necesidades de cada persona”.

Junto a ello, afirmó que el PP, en este ámbito, “tiene muy poca credibilidad” y que “ya sabemos lo que hace cuando tiene la oportunidad de aprobar unos presupuestos expansivos para mejorar la financiación y en las comunidades autónomas donde gobierna”, al tiempo que criticó que “ha votado sistemáticamente en contra siempre de todos y cada uno de los avances y de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes” y ha “descuartizado esta ley en su financiación y aplicación”.

En el mismo sentido, avanzó que el Gobierno de Pedro Sánchez va a “seguir trabajando por reducir las listas de espera y esos datos que duelen en el alma, por mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan este ámbito, mejorando los servicios y las prestaciones”, por lo que aseguró que su grupo no participaría de la “farsa” del PP apoyando su iniciativa.

Por Vox, Carlos Hernández denunció que en España “muere una persona cada 12 minutos sin haber llegado a recibir la prestación de dependencia y en total son 123 los españoles que fallecen cada día sin que hayamos llegado a tiempo para ayudarles” y que la “falta de uniformidad territorial mata”, convencido de que en el país hay “personas dependientes de primera, de segunda y de tercera”, por lo que también criticó la “inhibición del Gobierno del escudo social” que se traduce en la proposición no de ley ‘popular’.

A su vez, Julia Boada, de Sumar, estimó “bastante sorprendente” que el PP propusiera esta iniciativa cuando la “herencia” que dejó en esta materia “fue básicamente un récord de recortes”, dado que, durante su Gobierno, “la aportación correspondiente al Estado era del 16,4% del total mientras que en 2023 ya se ha alcanzado el 31%” y “recortó 5.000 millones mientras que este Gobierno ha incorporado 3.500 millones” y, mientras entonces “había 900.000 personas atendidas en el sistema, ahora ya son 1,4 millones, el 98,7%”.

“Durante la pasada legislatura este Gobierno incrementó la dotación a dependencia en un 152%, 1.400 millones de euros presupuestados en 2019 hasta los 3.522 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado del 2023 que se prorrogan en el 2024”, abundó, para concluir que “en tres años se ha incrementado en un 126% la dotación en materia de Ley de Dependencia”, lo que le sirvió para defender el “hondo compromiso” del Ministerio de Derechos Sociales para “hacer realidad una Ley de Dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas dependientes”, por lo que votó en contra.

Por EAJ PNV, Maribel Vaquero consideró “curioso” que el PP “sea hoy quien solicite con tanto ímpetu el cumplimiento de los acuerdos de investidura del PNV con el PSOE” e indicó que su partido “no hizo otra cosa que pedir que se cumpliera la ley que se aprobó en el 2006”, por lo que el PP “ha tenido tiempo de poner en marcha lo que ahora piden”, pese a lo cual votó a favor.

Por último, Noemí Santana, de Podemos, afeó al PP que “no hace tanto, en ese año 2011, llevaba como bandera electoral la destrucción de este derecho”, por lo que dijo alegrarse de ese “viraje” y admitió que la “problemática” que subyace a la proposición no de ley “es una realidad que existe y que deriva de decisiones políticas concretas”.

Tras criticar la “tendencia suicida” del Gobierno del PP, reivindicó que en la pasada legislatura el gabinete de Ione Belarra aumentó la inversión para la financiación del sistema “en un esfuerzo sin precedentes por dignificar la situación de las personas dependientes de nuestro país”, que las comunidades autónomas del PP “aprovecharon para reducir la financiación autonómica al tiempo que perdonaban miles de millones de euros a los ricos en impuestos”, razón por la cual avanzó que su grupo no iba a apoyar “esta farsa”, en referencia a la proposición no de ley.