Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad por 25 votos a favor y 9 en contra.

La iniciativa fue defendida de forma expresa por PSOE y Unidas Podemos, que además pidieron a Vox y PP –críticos con ella— su respaldo a la reforma del artículo 49 de la Constitución.

En ella, se insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, la Formación Profesional específica en los centros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad que estudian en ellos puedan acreditar la capacitación profesional conseguida.

Según explicó la vocal socialista en la comisión, Cristina López, “de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave del curso 2019-2020, el 17% (38.068) estudiaba en centros de educación especial, dedicados en exclusiva a alumnado con discapacidad”.

Estos centros ofertan Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, explicó, que les proporcionan “ofertas formativas adaptadas al alumnado de Educación Especial y permiten la adquisición de competencias profesionales para las posteriores etapas educativas, formativas o laborales”. Agregó que “la cualificación profesional en todos sus niveles contribuye a la elevación y mejora en la calidad de vida de las personas y al fomento del empleo”, por lo que “cuanto mayor y mejor sea la cualificación de una persona, más posibilidades tendrá de desenvolverse con cierto éxito en su entorno y de, como mínimo, valerse por ella misma”.

Tal es la finalidad de los programas de cualificación profesional, conocidos a menudo como "programa de transición a la vida adulta", señaló.

Según apuntó, estos “están pensados para ayudar a los alumnos a salir adelante solos cuando cumplan 21 años aunque no hayan superado la educación básica obligatoria”.

Por ello, reclamó que dichos programas “incorporen una oferta de formación profesional específica al entorno productivo y adaptado al alumnado que los cursa en los centros de educación especial”, a fin de que estos estudiantes puedan obtener un certificado de cualificación profesional al terminarlos.

LOMLOE Y CONSTITUCIÓN

Los grupos de PP y Vox presentaron sendas enmiendas al texto en las que pedían derogar la disposición adicional cuarta de la nueva Ley de Educación (Lomloe), con el argumento de que esta busca acabar con los centros de educación especial.

La diputada socialista, que rechazó ambas iniciativas, aseveró que la Lomloe no “va a cerrar los centros de educación especial”, porque de hecho establece que “se matriculará en ellos a aquellos alumnos que precisen una educación muy especializada”. “Dejen ya este mantra” que de ninguna manera aparece en la ley, demandó.

La portavoz del PP, Carmen González, insistió en que el objetivo de la ley “es condenar a una muerte lenta” a estos centros y afirmó que esta proposición “va en contra de la propia Lomloe”.

Asimismo, lamentó que solo se busque que los alumnos de educación especial obtengan la cualificación profesional asociada a la FP, “pero no la cualificación académica que sí logran los que estudian en centros ordinarios, cuando están perfectamente preparados”.

Por su parte, la diputada de Vox Georgina Trías sostuvo que “los centros de educación especial son ejemplo de la educación más inclusiva posible”, al garantizar la inserción social y laboral de estos alumnos con necesidades específicas.

López afeó a los partidos de la derecha que “utilicen el miedo de las familias y a los alumnos que acuden a estos centros”, y les pidió en cambio apoyar la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término 'disminuido' y reemplazarlo por la expresión ‘personas con discapacidad’. “Escuchen a las asociaciones de personas con discapacidad y desbloqueen” la reforma, propuso.

La misma idea expresó la portavoz de Unidas Podemos, Marisa Saavedra, quien pidió a PP y Vox su respaldo para “acabar con un término denigrante y que discrimina a las personas con discapacidad”.