Así se recoge en una proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobada hoy en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad por 15 votos a favor, tres votos en contra y 17 abstenciones.

Según la diputada socialista Ana Cobo, más de 3,8 millones de personas en España tienen discapacidad, y la gran mayoría de ellas presentan algún problema de movilidad. Para un porcentaje importante de este colectivo “el vehículo privado no es una opción, sino una necesidad” derivada de la poca accesibilidad o insuficiencia del transporte público, y agregó que gran parte de esta flota “son vehículos de combustión”.

Cobo explicó que, en general, han sido los municipios los encargados de regular toda la normativa sobre sus zonas de bajas emisiones -restricciones al tráfico, posibles excepciones, etc.-. “Debido a esta dispersión normativa, una persona con discapacidad que se desplaza en su vehículo a otro municipio puede verse sancionada” si circula por dichos espacios restringidos, advirtió.

Agregó que en España “hay 148 municipios de más de 50.000 habitantes” que, por tanto, “tienen potestad” para regular en este sentido. "La creación de un registro único y centralizado de estos vehículos" facilitaría la movilidad de las personas con discapacidad, indicó, y destacó que su iniciativa “recoge una petición expresa de las asociaciones del sector”.

Su objetivo es “garantizar que las personas con movilidad reducida que se desplazan a otra localidad por motivos de trabajo, salud, formación, ocio o cualquier otro puedan circular por estas zonas de bajas emisiones igual que lo harían de hallarse en su municipio de residencia habitual”.

Vox, que presentó una enmienda donde pedía la supresión de todas las zonas de bajas emisiones por suponer “una vulneración del derecho de la libre circulación”, votó en contra de la iniciativa. El Grupo Popular presentó enmienda a la proposición, aunque decidió abstenerse y el texto pudo salir adelante en sus propios términos.

Además, en la misma comisión se aprobó de forma unánime una propuesta del PP para impulsar de manera urgente la transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad. Según su portavoz, Violante Tomás, la aprobación de dicha directiva representó “un paso muy importante a la hora de garantizar el derecho de libre circulación de las personas con discapacidad” por toda la UE.

“Nuestro objetivo con esta proposición es que el Gobierno no se duerma en los laureles” a la hora de trasponer tales avances a la legislación nacional. “No solo para cumplir con los plazos de la UE, sino para que las personas con discapacidad puedan empezar a disfrutar cuanto antes” de este derecho.