En concreto, la iniciativa pedía eliminar la disposición adicional cuarta de la ley (que a su vez reformaba la LOE), que estableció un plazo de 10 años para que dichos colegios se convirtiesen en centros de recursos dirigidos a apoyar a los centros ordinarios en la escolarización de alumnos con necesidades especiales por razón de discapacidad y, en general, se limitasen a “aquellas situaciones muy excepcionales, que precisan una atención muy especializada”.

Según la diputada popular Sandra Moneo, esta ley atenta contra la libertad de las familias a la hora de “elegir la modalidad de escolarización (ordinaria o especial) que prefieren para sus hijos”. “El Estado usurpa su derecho constitucional”, comentó. Además, criticó que “solo se tendrá en cuenta” la opinión de aquellas que “estén de acuerdo con la Administración”.

La Lomloe “da absoluta prioridad” a que la escolarización de estudiantes con necesidades educativas especiales se lleve a cabo en centros ordinarios, de modo que “margina a los centros de educación especial y los condena a un cierre efectivo”, argumentó.

Además, Moneo defendió que “la mera incorporación de alumnos con necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión”, pues esta “requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuya a la integración de aquellos en la sociedad, en la medida de lo posible”.

Del mismo modo, “la escolarización de alumnos en centros de educación especial no puede determinarse como discriminatoria sin más”. Así, aseguró que “es coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo reconocen también las sentencias de varios tribunales”. “Cada alumno “tiene unas necesidades distintas”, apuntó, y “estas son distintas en función del tipo de discapacidad”. “No requiere los mismos apoyos un estudiante con TEA que otro con discapacidad física o sensorial”, dijo a modo de ejemplo.

Por eso, la proposición también quiere modificar la parte de la Lomloe referida al artículo 74 de la LOE, para que los alumnos con necesidades educativas especiales sean escolarizados “en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno”.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

“Esta iniciativa ni pretende juzgar ni pretende imponer un modelo educativo”, indicó Moneo, sino “garantizar las mismas oportunidades” a todos los estudiantes con discapacidad. Es decir, “ Que no sea el Gobierno quien discrimine a unos alumnos frente a otros”, subrayó. A su juicio, “el deber de las administraciones es garantizar una oferta flexible y disponible para todos”.

En este sentido, la proposición que hoy defendió insta a las administraciones a “garantizar el derecho de padres y tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos" y a que “en el proceso de identificación y valoración de sus necesidades educativas serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”. Además, se debe permitir la permanencia de estos estudiantes en los centros de educación especial hasta los 21 años, reclamó.

Solo Unión del Pueblo Navarro y Vox se mostraron partidarios de esta iniciativa. Para Alberto Higueras, de UPN, “los tres principios que deben inspirar cualquier ley educativa son libertad, equidad y calidad”. A su juicio, “la Lomloe “no respeta ninguno”. En su opinión, esta norma “es ajena al funcionamiento de los centros de educación especial” y al “derecho constitucional de los padres a elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos”. “Inclusión , sí, pero de la manera más adecuada, y sin despreciar a los centros de educación especial”, zanjó.

Por su parte, el representante de Vox, José Ramírez, estuvo de acuerdo con esta idea y también con que la Lomloe es una norma que “nació muerta". Por eso, se mostró convencido de que "será derogada en cuanto cambie el Gobierno”. Además, insistió en que la ley “condena al cierre” a los centros de educación especial y “persigue” a las familias que los utilizan, aunque criticó que el PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, “tampoco ha hecho nada por salvar la educación especial de la falta crónica de recursos”.

PROPUESTA SEGREGADORA

Por parte de Unidas Podemos, Javier Sánchez lamentó que “volvemos al cole y el PP vuelve con su campaña de bulos” que, en este caso, insisten en que “se cerrarán los centros de educación especial”. “Ustedes se empeñan en decir algo que la ley no dice”. Sí establece un plazo de 10 años para que estos colegios se conviertan en centros de apoyo a la inclusión en la escuela ordinaria o bien para que se dediquen a la atención de situaciones muy excepcionales.

Sánchez recordó que distintos informes “han criticado la segregación educativa en España” y que, en 2018, la ONU emitió “un comunicado muy duro acusando a España de estar enviando alumnos a la educación especial por no invertir los recursos que sí permitirían atenderlos en los centros ordinarios de titularidad pública”. “Ustedes se escudan en la libertad de elección de los padres, pero es que hay muchos padres que no pueden enviar a sus hijos con discapacidades moderadas a centros públicos, cuando así lo desearían, por falta de recursos”, criticó.

También denunció que “el número de alumnos matriculados en la educación especial, lejos de disminuir, está aumentando”. “La LOMLOE no se está cumpliendo. Ni las comunidades del PP la cumplen, ni el Estado llevó a cabo las inversiones prometidas”, alertó.

En su intervención, el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, criticó que esta propuesta “es involutiva” y “nos devuelve a una escuela de finales del siglo XX. Habla de compensar las desigualdades y de integración, conceptos ya superados por el de inclusión“, destacó. Así, agregó que el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los “Estados deben asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles”.

En nombre de EH Bildu habló Marije Fullaondo, para quien esta iniciativa, “a la postre, busca seguir segregando al alumnado con necesidades educativas especiales, alegando además que defiende el interés superior del menor”. A su juicio, “la educación inclusiva solo se puede dar en la escuela ordinaria, por propia definición”. En cambio, se mostró de acuerdo con que “la mera incorporación de los alumnos con discapacidad a los centros ordinarios no significa inclusión por sí misma”. Ahora bien, “es un paso imprescindible”.

LEY RECENTRALIZADORA

Para Josep María Cervera, esta propuesta supone “una nueva injerencia en las competencias educativas de la Generalitat de Cataluña”, que “ha consagrado un modelo educativo inclusivo”. “El problema es el déficit de financiación con el que el Estado castiga a Cataluña”, que Cervera cifró en 20.000 millones de euros.

Achacó a “este expolio” las dificultades que tiene la Generalitat para garantizar todos los apoyos educativos que se necesitarían o para situarse en una inversión en educación en torno al 6% del PIB. “No Necesitamos más leyes educativas impuestas desde Madrid”, rechazó.

La diputada de Esquerra Republicana Etna Estrems criticó los recortes en la contratación de educadoras sociales y de técnicas de integración llevados a cabo por el Gobierno del PSC en Cataluña, al tiempo que acusó al PP de “insistir en la segregación de alumnos”. Lamentó que la Lomloe no fuese acompañada de una memoria económica, porque “Lo lo que necesitamos son más recursos y más presupuestos para asegurar la inclusión, y no tantas leyes centralizadoras.

MÁS RECURSOS

En su intervención, el diputado de Sumar, Rafael Cofiño, admitió que existe un déficit estructural en cuanto a la disposición de recursos, humanos y materiales, para atender a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, “esta propuesta del PP rasca donde no pica”. “Lo que plantea es fragmentar aún más el sistema educativo y no buscar mas recursos”, criticó. En su opinión, “no se trata de volver al pasado, sino de garantizar los recursos precisos mediante un compromiso fiscal”.

La representante del grupo socialista, Maribel López, explicó que la Lomloe asegura que se “tendrá en cuenta la voluntad de las familias que manifiesten su opción por el modelo más inclusivo”, pero que “en ningún momento se impide que aquellas que prefieran la educación especial puedan manifestarse”. “De ningún modo supone la desaparición de estos centros. No vamos a dar un paso atrás", concluyó