Así lo confirmaron fuentes parlamentarias después de que 'El País' avanzase este informe que se analizará en el órgano de gobierno de la Cámara Baja y que han elaborado los servicios jurídicos del Congreso.

El texto rechaza en sus 14 páginas la petición del Senado de suprimir la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja y niega que el procedimiento legislativo de la ley de amnistía en el Congreso haya sido inconstitucional.

Además, el Congreso entiende que el conflicto planteado es improcedente por referirse a “decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad”, por lo que solicitará mañana a la Cámara Alta “el desistimiento en la continuación del presente procedimiento” al entender que carece de "procedencia".

CONFLICTO SIN PRECEDENTES

El Senado acordó la semana pasada abrir este conflicto constitucional entre Cámaras, que carece de precedentes, y pedir al Congreso que retire la ley de amnistía al considerarla una reforma constitucional “encubierta”, un “trágala” y una “imposición” a las Cortes y a la soberanía nacional.

El PP impuso su mayoría absoluta y el Pleno de la Cámara Alta aprobó por 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención el “conflicto de atribuciones”. El Congreso tenía hasta el 11 de mayo para contestar, pero podría no agotar los plazos y responder de forma inminente.

El informe jurídico del Congreso rechaza dar marcha atrás por tres motivos. El primero es que entiende que el conflicto se presentó fuera de plazo. En este sentido, explica que la Mesa aceptó la tramitación de la amnistía como proposición de ley el pasado 23 de noviembre, “por lo que habría transcurrido sobradamente el plazo de un mes establecido” para que el Senado hubiese solicitado su revocación.

El segundo se basa en defender que se ha limitado a cumplir con sus atribuciones en base al artículo 90 de la Constitución. Y ahora apela al Senado a hacer lo propio y ceñirse a este epígrafe, en vez de “subvertir” las atribuciones “legítimamente ejercidas por el Congreso”, lo que “supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar” al Congreso.

En paralelo, subraya que la Mesa del Congreso no tiene competencias para paralizar “una iniciativa legislativa en cualquier momento de su tramitación”, ya que esta decisión corresponde exclusivamente al grupo parlamentario proponente. De lo contrario, se reconocería “una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara” con “evidente vulneración de las facultades de los demás órganos de ambas Cámaras”.

RECURSO DE INCONSTICIONALIDAD “ENCUBIERTO”

Y la tercera y última razón que esgrime el Congreso es que, a su juicio, la “verdadera pretensión” del Senado es presentar un recurso de inconstitucionalidad “encubierto y extemporáneo”, “lo que no procede en esta fase del procedimiento legislativo”.

Una vez que el Congreso rechace la petición del Senado, se abrirá la segunda fase del conflicto de atribuciones. En este caso, la Cámara Alta tendrá la opción de pedir ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del procedimiento, según explicaron los letrados del Senado en el informe sobre la tramitación de la amnistía.

No obstante, el PP todavía no ha hecho público si dará este paso o no. Dentro del partido existen dudas, ya que sospechan que el Tribunal Constitucional podría hacerse valer de su mayoría progresista para avalar la tramitación.