Presentó la proposición este martes el propio portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien partió de que 4,5 millones de españoles malviven en hogares que ingresan menos de 535 euros al mes, mientras los 200 más ricos acumulan 270.000 millones, el equivalente a los ingresos de los primeros hogares durante una década, y el presidente de Inditex, Amancio Ortega, tiene tanto dinero, 67.000 millones según Forbes, como el presupuesto de dependencia de seis años.

Esto, que le parece “obsceno”, dijo que tampoco es consecuencia de la meritocracia, sino “el resultado buscado de un sistema fiscal profundamente injusto diseñado deliberadamente para proteger los privilegios de los millonarios”. Recordando la brecha fiscal de siete puntos con la UE, 80.000 millones al año menos de recaudación, la atribuyó a que el Impuesto de Sociedades recauda un 40% menos que antes de la crisis de 2008, cuando las empresas tienen “significativamente más beneficios que los que tenían en 2007”.

Denunció que el Impuesto de Sociedades “está lleno de agujeros que erosionan las bases imponibles”, pero diseñados para que sólo las puedan aprovechar las grandes empresas, que sólo tributan un 5% efectivo medio frente al 12% de las pymes y el 15% del IRPF y el IVA. Por eso defendió la propuesta de reforma fiscal de su grupo parlamentario, que garantice la sostenibilidad del Estado del bienestar con un 15% mínimo de Sociedades sobre beneficios, un nuevo impuesto a las grandes fortunas hasta el 3,5% para las mayores de 100 millones y una subida a las eléctricas. El propio Ortega aportaría así el 80% del montante para pagar el Ingreso Mínimo Vital y, como “patriota” que es, Echenique auguró que estaría encantado de hacerlo.

Finalmente, el portavoz de Unidas Podemos se dirigió “a nuestros queridos socios del PSOE”, para advertirles de que, aunque apoyar esto “implica ponerse enfrente de gente muy poderosa, pero es vital para la gente humilde”. “A los reaccionarios no se les frena con acuerdos de gran coalición, sino dando pasos como éste”, sentenció en referencia a la eventualidad de que los socialistas invistan como presidente de la Junta de Castilla y León al popular Alfonso Fernández Mañueco.

Presentaron enmiendas a la proposición la CUP y Teruel Existe. La primera formación, para garantizar que las comunidades gestionaran parte del impuesto a las grandes fortunas, como argumentó su diputado Albert Botran, quien recordó que fue un gobierno del PSOE quien eliminó en su día un impuesto al patrimonio. La segunda, según expuso su diputado, Tomás Guitarte, para introducir medidas para prevenir el fraude fiscal y destinar parte de la recaudación de ese tributo a la España despoblada.

A FAVOR

A favor de la iniciativa se mostraron ERC, BNG, EH Bildu, Más País, CUP y Compromís. Estas cuatro últimas fuerzas transaccionaron una enmienda con Unidas Podemos que aclaraba que la gestión del impuesto a las grandes fortunas sería autonómica, incluía un impuesto temporal a la banca y limitaba explícitamente desgravaciones y deducciones sobre la base imponible del Impuesto de Sucesiones. Sobre esta transacción se realizó la votación.

En el debate del marte, el diputado de ERC Joan Margall censuró que tanto PP como PSOE han creado un sistema fiscal que favorece a unos pocos, y contrapuso iniciativas de la Generalitat de Cataluña que tumbó el Tribunal Constitucional. “Ni hacen ni nos dejan hacer”, protestó, tomándolo como acicate para la independencia.

Enumeró las propuestas fiscales de ERC en sintonía con las de Unidas Podemos, describió a Madrid como “agujero negro centrifugador” y desafió al Gobierno que, si tras el informe de los expertos no presenta una propuesta fiscal ambiciosa, no pida su apoyo sino que vaya a buscar a Ciudadanos y rece para que otro diputado del PP se equivoque a votar, como en la reforma laboral.

El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, defendió acabar con las desigualdades recaudando más y redistribuyendo mejor, y parafraseó a Karl Marx y su “cada cual según sus capacidades y para cada cual según sus necesidades”. Recordó que Guipúzcoa tuvo un impuesto a las grandes fortunas y acusó al tenista Rafael Nadal de haberse marchado de allí para no pagarlo. Finalmente, acusó a las grandes empresas de eludir 59.000 millones por no aplicar las bases imponibles del resto de Europa.

El diputado del BNG, Néstor Rego, defendió un giro de 180 grados para que pague más quien más tiene, aunque el Gobierno “va tarde” después de llevar dos años en el poder y esta proposición no tiene “la fuerza vinculante de un proyecto de ley”, y hay una gran distancia entre lo que prometen y lo que luego aprueba.

El de Compromís, Joan Baldoví, partió de la progresividad fiscal sancionada en la Constitución y además denunció que España está a la cola en personal de la administración tributaria para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. También avanzó enmiendas en nombre de Más País y su formación.

EN CONTRA

En contra se manifestaron el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Junts per Cataluña y Unión del Pueblo Navarro. La diputada socialista Montse Mínguez, tras contestar a las críticas del PP y Vox, dijo a Unidas Podemos que les unen muchas cosas, pero no “el oportunismo político de esta iniciativa”, y les pidió: “No se confundan de enemigo. La ministra de Hacienda no es su enemigo”. Seguidamente, pasó a criticar al PP por haber adelantado las elecciones de Castilla y León “por la vanidad de su líder”, y les afeó estar “blanqueando a la extrema derecha”.

En nombre del PP, Carolina España denunció la subida de impuestos indirectos ya ejecutada y la inflación, que pesan sobre las clases medias y trabajadoras, y que Unidas Podemos entre ahora en “la competición fiscal” insistiendo en prometer gravar a los ricos. “Lo que hacen es crear nuevos pobres y redistribuir la pobreza”, afeó.

Desde Vox, Víctor González Coello de Portugal describió la propuesta como “demagógica” en su empeño de “destruir la economía de mercado y empobrecer a los españoles” desde lo que considera ignorancia económica, cuando España tiene mayor progresividad fiscal que otros países europeos.

“La coalición socialcomunista está convirtiendo España en un infierno fiscal”, interpretó, calificando el esquema de “injusto y profundamente inmoral” en su “afán confiscatorio” y un “genocidio fiscal” que “prefiere que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos”.

La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez enjuició que se estaba debatiendo una “declaración de intenciones” de Unidas Podemos, “más preocupado de sacar la pancarta que de trabajar”, y además para “meter la mano en el bolsillo” y “esquilmar” a los españoles.

Sobre el contenido, denunció que era una propuesta “llena de consignas” que “parece más un programa electoral”, y que “está llena de vaguedades e indefinición”, sin concretar qué rentas exentas pasarían a ser tributables. “Su única receta en subir impuestos, criminalizar la riqueza y el progreso”, censuró, sugiriendo a UP que lleve una propuesta contra el fraude fiscal en lugar de acusar de elusión a las empresas.

La diputada del PNV Miren Sagastizábal, se negó a entrar en “batallas partidistas” entre el PSOE y Unidas Podemos, al criticar que presenten una proposición “que para nada es vinculante” y como si fuera un grupo parlamentario de la oposición, sin además esperar al informe del comité de expertos del Ministerio de Hacienda.

“No tiene sentido encargar un informe para desentenderse luego de él”, denunció. “Lo lógico es que traigan aquí una propuesta única, consensuada, de todo el Ejecutivo”. Por último, denunció que la propuesta obligaba a las comunidades forales a poner sus tipos pero partiendo siempre del mínimo estatal.

La portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, criticó el menosprecio a cualquier desigualdad territorial y a la soberanía catalana, pues el impuesto invadiría según ella las competencias catalanas. “Su modelo no es nuestro modelo”, advirtió, afirmando que además la propuesta carece de rigor y afeando a Unidas Podemos no haber hecho “nada” por la soberanía de Cataluña. En un último reproche a ERC en catalán, entre las advertencias de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que hablara en castellano, dijo que los independentistas se les está “acabando el crédito”.

En el Grupo Mixto, Carlos García Adanero (UPN) reconoció que la propuesta de Unidas Podemos estaba sujeta a debate, pero recordó que quien hará una normativa fiscal es el Gobierno, al que pertenece el espacio confederal. Además, cuestionó que el Ejecutivo defienda el Estado de las Autonomías para unas cosas pero que Unidas Podemos pretenda que su impuesto a las grandes fortunas no lo puedan bonificar, como hace la Comunidad de Madrid con el de Patrimonio.

Adanero terminó justificando su voto por sorpresa en contra de la reforma laboral y negó que el PP se lo comprara: “No conozco a nadie a quien le hayan comprado el voto para votar lo que piensa”.