En un diálogo en Servimedia sobre sostenibilidad empresarial en el marco de 'La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y las empresas', la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez, precisó que esa ausencia de actuaciones concretas responde a la “falta de conocimientos sobre la integración”.

“Las empresas lo ven como accesibilidad a las instalaciones, pero hay trabajo que hacer con productos y servicios en temas digitales. Es un ámbito que hay que ir trabajando. Queda muchísimo por hacer”, recalcó Sánchez.

Las grandes empresas llevan ventaja en el cumplimiento de la Convención y el 100% de las compañías del Ibex 35 ya están implementando políticas transversales de integración de las personas con discapacidad, pero entre las pymes “no se está llegando a unos datos esperables”.

Las cifras de las empresas incumplidoras se desconocen, pero la directora ejecutiva del Pacto Mundial de ONU España afirmó que existe la necesidad de trabajar para cubrir esa brecha entre el compromiso y la accesibilidad total en los entornos laborales.

Para ello, las propias empresas deben “tener claro que la Convención también es de obligado cumplimiento para ellas”, y no solo para las administraciones públicas, como apuntó la jefa de Servicio de la Subdirección General de Diálogo Civil de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Laura Sánchez Beltrán.

Aunque no existen datos del grado de aplicación de la Convención, algunas estadísticas evidencian la baja participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El consejero técnico de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Francisco Cana, compartió cifras recientes de su institución que muestran que solo tres de cada diez personas con discapacidad tienen un empleo en España.

Esos números van en línea con los del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024 y publicados en 2025, que situaron la tasa de empleo de las personas con discapacidad en el 28,9%, mientras que la de las personas sin discapacidad era del 69,7%, como también expuso Cana durante el diálogo de Servimedia.

BRECHA SALARIAL

A esa diferencia en la participación laboral se suma una brecha salarial superior al 17,8% entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores sin ella, superior a la media mundial del 12%. El consejero técnico de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España incidió en que tres cuartas partes de esa diferencia “no puede explicarse por temas de educación, sexo, formación o capacitación”.

“Pone de manifiesto que hay problemas estructurales que están conduciendo a la brecha salarial. Esto hace que haya mayor presencia en el trabajo autónomo, por su mayor flexibilidad horaria y porque da más posibilidad para adaptar un entorno de trabajo que en determinadas empresas no existe. El trabajo autónomo permite evitar barreras de acceso y discriminación”, comentó.

El director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño, también alertó de que la presencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral “es casi 2,5 veces menos”, a pesar de tratarse de “un ámbito que cambia la vida”.

Riaño calificó de “esencial” el papel de las empresas en la integración de las personas con discapacidad y reconoció que a lo largo de estos 20 años se han cumplido muchos hitos, aunque “hacia adelante queda muchísimo camino por recorrer”.

Por ello, resulta clave la alianza entre las empresas y las personas con discapacidad, para poder avanzar en el cumplimiento de la normativa, como puntualizó la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Estatal, Pilar Villarino.

“Esta Convención ha sido lo mejor que nos ha pasado, lo repetimos en todas las ocasiones que podemos”, expresó Villarino, y explicó que ese texto cambió el paradigma al pasar de un enfoque asistencial a un enfoque de derechos. Sin embargo, la falta de cumplimiento hace que la sociedad civil se mantenga “en esa exigencia de redención de cuentas”.

INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España alertó del riesgo de implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad solo desde la óptica del cumplimiento normativo, ya que así se dejaría de lado la perspectiva inclusiva, diversa e innovadora, y supondría una pérdida de oportunidades para las compañías y sus plantillas.

Sánchez Beltrán, del Ministerio de Derechos Sociales, completó esa opinión y animó a las empresas a que lleven el cumplimiento normativo de inclusión más allá de los departamentos de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa y lo conviertan “en el corazón” de sus organizaciones, de manera que “quede integrado en el modelo para que repercuta en todas las áreas”.

Además, incidió en que también hace falta concienciar a las personas con discapacidad sobre el derecho a ejercer su propia carrera profesional y a ocupar puestos en las empresas y en la Función Pública, donde existe una reserva del 10% de las plazas para opositores con discapacidad y un 2% de ellas para discapacidad intelectual.

“No se cubren porque creo que muchas veces las personas con discapacidad tenemos miedo de que no seamos acogidas en nuestro trabajo o que tengamos los ajustes necesarios en cada caso”, lamentó.

En el ámbito privado, conminó a las empresas a “asumir como propio” el reto de que las personas con discapacidad consigan un empleo y puedan dar el salto desde la universidad, ya que “muchas personas jóvenes creen que nunca los van a contratar porque necesitan cierta formación específica o porque no tienen la asistencia personal que requieren para esa mínima vida independiente”.

BARRERAS DE INCLUSIÓN

Más allá del ámbito laboral, las personas con discapacidad encuentran barreras en otras áreas de su vida. El director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE aludió a un estudio del Comité Paralímpico Español que evidencia que solo el 18% de las instalaciones deportivas son accesibles.

“Hay barreras insalvables a la hora de realizar algo tan aparentemente sencillo como la práctica deportiva en un pueblo o en una ciudad, o no digamos ya en el deporte de alta competición”, expresó.

Riaño también ahondó en la falta de datos sobre discapacidad y recordó que eso afecta a la calidad institucional y al ejercicio efectivo de los derechos de “una minoría que es muy amplia”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España reconoció que su organismo trabaja en derribar esas barreras, como la falta de accesibilidad que encontraron en su propia web durante una formación con la Fundación ONCE. En esa ocasión, también descubrieron otras dificultades a las que se encuentran las personas con discapacidad, como las dificultades a la hora de pedir comida a domicilio y poder disfrutar de ese servicio.