Si hay algo que ha caracterizado al año judicial que ahora concluye ha sido la frenética actividad de los tribunales, en donde a lo largo de estos últimos 12 meses la presencia de famosos de la política y de las finnzas ha dejado de llamar la atención para formar parte del paisaje habitual de los juzgados y, en algunos casos, de los calabozos.

Altos representantes del mundo de la banca, como Mariano Rubio, Mario Conde, Emilio Ybarra y Arturo Romaní; empresarios como Carlos Sotos, Javier de la Rosa y Enrique Sarasola; históricos sindicalistas de la talla de Nicolás Redondo, y políticos del renombre de José María Benegas y Guillermo Galeote tuvieron que sentarse frente a un juez y explicar sus vinculaciones con alún caso de corrupción, algunos como testigos, aunque la mayoría como imputados.

DE LOS 'SUPERJUECES' A LOS 'SUPERCASOS'

De este modo, frente a los 'superjueces' consagrados por sus espectaculares acciones, como Moreiras, Garzón o Barbero, saltaron a la fama los nombres de nuevos magistrados gracias a los 'supercasos' que les fueron asignados, como la jueza Ana María Ferrer del 'caso Roldán', el magistrado José Emilio Coronado del 'caso Rubio', el juez Joaquín Aguirre que encarceló a Javier de la Ros o el magistrado Manuel García-Castellón, que instruye la querella contra Conde y ha encarcelado al vicepresidente de Banesto Arturo Romaní.

El pistoletazo de salida del relato de las comparecencias de famosos ante los jueces comenzó simbólicamente el 15 de febrero, en el que en la misma mañana coincidieron en los pasillos de Plaza de Castilla Luis Roldán, Enrique Sarasola y Carmen Salanueva, quienes, cada uno por su cuenta, acudieron a cumplir con su cita con la justicia.

Mientras la ex director del BOE visitaba los juzgados para cumplir con la obligación de presentarse cada 15 días tras su encarcelación el pasado año por el presunto fraude detectado en el periódico oficial, el ex director general de la Guardia Civil se enfrentaba a la jueza Ferrer, que comenzaba entonces a tramitar una de las primeras querellas interpuestas contra él por su súbito y oscuro enriquecimiento.

Casi a la misma hora, aunque en otra planta del edificio judicial, el empresario Enrique Sarasola declaraba como testig ante el juez Carlos Valle en relación al supuesto pago de comisiones ilegales a políticos españoles en la venta de la aceitera Elosúa al grupo italiano Ferruzi.

PRESUNTO INOCENTE

Así comenzó un intenso año en los tribunales, durante el que acabaron con sus huesos en la cárcel personajes hasta entonces 'intocables'. Uno de ellos, que sin embargo continúa sin poder ser 'tocado', es Luis Roldán, que dio la mayor 'espantada' que se recuerda en la historia del país, sin que pasados casi 8 meses de su fua, el 29 de abril pasado, se tenga la menor pista sobre su paradero.

Los hechos se precipitaron a finales del mes de abril, cuando elfiscal del caso decidió solicitar a la jueza que retirara el pasaporte al ex director general de la Benemérita, que estaba siendo investigado. A pesar de haber sido citado con ese motivo el día 28, Roldán no compareció ante la magistrada alegando "un grado de estrés muy fuerte", siendo aplazada su presentación para el día siguiente, en que tampoco acudió a los juzgados iniciando así la fuga más sonada.

Cuando el estupor causado en todo el país -incluído el ministro Antoni Asunción, que dimitió por este motivo- por la huída del jefe de una de las instituciones con más tradición todavía no se había despejado, otro suceso iba a provocar un terremoto en la institución financiera más respetada: el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio era detenido cinco días más tarde por orden del fiscal junto con el ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, acusaos de fraude fiscal y falsedad en documento.

Los hasta entonces vivos representantes de la poderosa 'jet set' pasaron de golpe a compartir celda con todo clase de delincuentes, hasta que finalmente Rubio fue puesto en libertad 15 días después de su arresto. De la Concha todavía tuvo que pasar 11 días más en prisión antes de salir a la calle.

La relevancia de la actividad en los juzgados de Plaza de Castilla no eclipsó la del Tribunal Supremo, donde el juez Barbero continuó con la eterna instruccin del 'caso Filesa', llamando a declarar como imputados a Emilio Ybarra, José Angel Sánchez Asiaín y Guillermo Galeote, entre otras personas. Sin embargo, tras sus respectivas comparecencias, la calma volvió al histórico Palacio de Justicia.

CARAS CONOCIDAS

No ocurrió así en el edificio de la Audiencia Nacional, donde la atención se centró en un despacho situado en la segunda planta: el del juez Moreiras, por el que fueron desfilando a lo largo del año Benedicto Alfaro, Mario Conde y Javier de la Roa, entre otros personajes famosos.

Sin embargo, fue a partir del mes de junio, con el inicio de las comparecencias de altos dirigentes de UGT, entre ellos Nicolás Redondo, en relación al escándalo de la PSV cuando la notoriedad del juez Moreiras alcanzó su punto más álgido, que culminó con el encarcelamiento el 29 de junio de Carlos Sotos y el 5 de julio de Paulino Barrabés, aunque éste último fue puesto en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas 15 días más tarde. Meses después, el juez fijó ua fianza de 65.000 millones de pesetas para los querellados.

Paralelamente a la instrucción del 'caso PSV', que todavía no ha concluído, el magistrado volvió a tomar declaración como imputado en noviembre al ex presidente de Banesto en relación al supuesto pago de 600 millones de pesetas para obtener exenciones fiscales. Por este motivo, también conocieron el despacho de Moreiras José María Benegas, Mariano Rubio y Carlos Solchaga, entre otros, aunque como testigos.

El mismo día en que el ex minitro de Economía y Hacienda comparecía ante el juez, volvía a declarar también ante Moreiras Enrique Sarasola, imputado en un sumario por un delito de evasión de capitales, motivo por el que ya había comparecido ante el.

EL TRIUNFO DEL SISTEMA

A pesar de estas sonadas comparecencias, Moreiras se vio 'obligado' a compartir la fama con el juez Manuel García-Castellón, a quien correspondió la instrucción de la querella que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado día 14 de noviembre contr Conde y otros 9 ex consejeros del banco, la mayoría de los cuales ya han prestado declaración ante el juez, que envió a la cárcel a Arturo Romaní, mano derecha de Conde.

A pesar de haber transcurrido más de un mes desde la presentación de la querella, por el momento no han trascendido los hechos delictivos que se atribuyen a los imputados, a quienes la fiscalía acusa de los delitos de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. Además, el psado día 7 de diciembre el juez aceptó ampliar la querella a otros tres ex consejeros del banco.

La actividad judicial también tuvo otro importante foco de atención en Barcelona, donde el juez Joaquín Aguirre acordaba el 17 de octubre el encarcelamiento de Javier de la Rosa, acusado de apropiación indebida y falsedad por su gestión al frente de Grand Tibidabo, y le impuso una fianza de más de 13.000 millones de pesetas.

La irrupción de García-Castellón en el panorama económico de la Audiencia Naconal parece un adelanto de lo que ocurrirá a partir del próximo 1 de enero, en que desaparecerá el juzgado de Delitos Económicos, delitos que se repartirán desde esa fecha entre los 5 juzgados centrales de instrucción de esa sede judicial: Moreiras se verá así obligado a enfrentarse a los 'tiburones' de ETA, mientras que el 'reaparecido' Garzón, que a su vuelta desempolvó viejos sumarios contra los GAL, tendrá que vérselas con los 'mercenarios' de las finanzas.