El PSOE de Cantabria, accionista del diario con un 28,9 por ciento de participación, interpuso una demanda en la que pedía la nulidad de los acuerdos adoptados por considerar que la Junta de Accionistas debía tener un carácter extraordinario.

La sentencia desestima lasobjeciones formales al considerar que la reunión de accionistas puede considerarse ordinaria, pero declara la nulidad de pleno derecho por los acuerdos que se trataron: La ampliación del capital social de la entidad; la supresión de la Junta de Fundadores; la creación de la figura de administrador único; y la reforma de los estatutos de la sociedad.

La decisión judicial recuerda que para la modificación de los Estatutos es necesario el voto afirmativo de al menos dos tercios de los accionistas.

E abogado del PSOE, Guillermo Alvarez, ha señalado a Servimedia que solicitarán la ejecución inmediata de la sentencia y que el capital desembolsado sea devuelto. Asimismo, el letrado considera que de lo instruido en la causa se desprenden "graves negligencias" por parte de la administración de la sociedad que perjudican a la misma, por lo que estudia la posibilidad de entablar acciones civiles contra sus administradores.

La Junta General de Accionistas fue convocada por el principal accionista del peródico, Ciriaco Días Porras, quien posee el 52 por ciento de las acciones de Alerta. El resto de las acciones están en posesión del PSOE, el 28,9 por ciento, y pequeños accionistas, entre los que se encuentras destacados socialistas como el secretario regional, Jaime Blanco, y el ex senador Juan González Bedoya.

Con esta operación, Díaz Porras pretendía socavar el poder socialista en el periódico y solventar la precaria situación económica de la sociedad, maltrecha tras la división interna de los sociaistas en la primera moción de censura contra Juan Hormaechea. Esta crisis apartó a la cúpula del PSOE del diario, y una posterior huelga de trabajadores que duró más de cien días provocó un fuerte descenso de las ventas.

Aprobada la ampliación de capital en esta Junta, tanto el PSOE como los dirigentes socialistas con acciones tuvieron que hacer frente a la misma para evitar quedar desplazados, pero interpusieron la demanda que ha dado origen a esta sentencia.

FELIPE GONZALEZ Y LA AMPLIACION

Ladivisión y enfrentamiento entre los dos sectores del periódico dio origen, tras la toma de los acuerdos, a una campaña dirigida desde la dirección de periódico en contra del PSOE de Cantabria. En una información aparecida en el diario se señalaba que había sido el propio Felipe González quien había obligado a la cúpula regional del partido para que suscribiese la ampliación de capital.

Se da la circunstancia que a raíz estas divisiones, `Alerta' ha ido aproximando su línea editorial a postulados cercaos a los del presidente de Cantabria, Juan Hormaechea. Incluso, éste intentó conceder un aval a la propietaria del periódico por un importe de 200 millones de pesetas, operación que no fue posible al aprobarse una ley en la Asamblea regional que impedía al Ejecutivo autónomo conceder avales sin una votación previa en el parlamento cántabro.

La proximidad entre `Alerta' y Juan Hormaechea quedó de manifiesto en una nota interna de la Diputación regional, firmada por el propio presidente, en el que impeda a los distintos departamentos la compra del periódico "El Diario Montañés", salvo en Prensa y Cultura, aunque mantenía la adquisición del otro periódico regional. El escrito señalaba que la medida se adoptaba por la crisis económica y porque en el pasado se había beneficiado más al diario que se suprimía.

Asimismo, desde el incidente protagonizado por el presidente de Cantabria durante una de sus conferencias de Prensa el pasado mes de enero, en el que hechó de la sala a una periodista y agredió veralmente a otra, lo que supuso un plante de los medios de comunicación cántabros, Juan Hormaechea sólo comunica los acuerdos de Consejo de Gobierno a través de este periódico.

`Alerta', que había pertenecido a la Prensa del Movimiento, fue adquirido en 1984 por un grupo heterogéneo del que formaba parte el PSOE, sus dirigentes y algunos constructores próximos a los socialistas, entre los que se encontraban los Fernández Bobadilla con uno de los principales paquetes de acciones.

En 1987 se iniciaro las primeras divergencias en la dirección del periódico, en un intento de compra por parte del grupo francés Hersant. Esta operación provocó una accidentada Junta de Accionistas que con la agresión física por parte de uno de los hermanos Bobadilla al entonces senador socialista Juan González Bedoya.

Después de una operación "poco clara" según algunos dirigentes socialistas, Ciriaco Días Porras se hizo con las acciones de Fernández Bobadilla y el control del diario.