Así consta en el ‘Informe anual del Defensor del Pueblo 2022’, que la institución presentó este lunes en el Congreso de los Diputados y en el que Ángel Gabilondo advirtió de que, con el actual protocolo, “no resulta posible detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad” de entre las que intentan acceder a España a través de las fronteras de Ceuta o Melilla, por lo que recomendó que, cuando se lleve a cabo un rechazo en frontera, “se prevea la forma de facilitar siempre información sobre protección internacional y de verificar su situación y necesidades de protección”.

“Esto requiere examinar, mediante un mecanismo adecuado y ágil de identificación y derivación, que no es menor de edad, que no desea pedir protección internacional en España o que no concurran indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, dejando constancia escrita de todo ello”, sentenció.

Con respecto a los intentos de acceso irregular por el perímetro fronterizo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, hizo hincapié en el salto a la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio, en el que perdieron la vida, “al menos”, 23 personas, y otras resultaron heridas “de diversa consideración” y recordó que el 27 de junio admitió a trámite una queja de varias entidades sociales que solicitaban su intervención para “esclarecer estos trágicos acontecimientos”.

El propio Defensor del Pueblo y una delegación de esta institución viajaron a Melilla, el 19 de julio, para conocer “directamente” el testimonio de las autoridades de la ciudad autónoma, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las entidades que trabajan en la zona y de los “propios migrantes” y, a raíz de ello, el Defensor del Pueblo formuló varias ‘Recomendaciones y Recordatorios de deberes legales’ a la Secretaría de Estado de Seguridad, centrados en la “mejora” del procedimiento de rechazo en frontera y de la “cooperación” con las autoridades homólogas marroquíes, que dicha Secretaría no aceptó y que, por ello, fueron elevadas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con cuyo departamento ha procedido a cerrar las actuaciones “con diferencia de criterio en lo relativo al rechazo en frontera”.

En paralelo, formuló también una Recomendación a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, instando a que se adopten medidas para “reforzar” los medios materiales y humanos de la embajada y de los consulados en Marruecos, con el objetivo de “garantizar que los necesitados de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España, sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada", que fue aceptada, por lo que, según Gabilondo, “se continúan las actuaciones al objeto de conocer las medidas previstas”.

Además, a finales de 2022, la fiscal de sala coordinadora de Extranjería dictó un decreto sobre este asunto y, tras su lectura, ya en 2023, el Defensor del Pueblo ha visto “necesario iniciar actuaciones” con la fiscalía, dando traslado de la información que ha recabado “por si fuera de su interés”.

FIGURA DEL RECHAZO EN FRONTERA

Junto a ello, instó a desarrollar “sin más demora y por disposición reglamentaria”, el procedimiento que “regule” la figura del rechazo en frontera tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2020, estableció su “constitucionalidad” y determinó que se trata de “un nuevo régimen que se habilita ante la situación particular que se produce en las demarcaciones territoriales de Ceuta y de Melilla”.

En este sentido, reiteró que cuando se produce un salto a la valla, en el marco de estos dispositivos, “en la forma y con las prioridades que se aplican, no resulta posible detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad” y lamentó que "las vías de entrada regulares y seguras a la Unión Europea son, en la práctica, inaccesibles para muchos que huyen de sus países y buscan refugio en Europa”, convencido de que la “magnitud” del reto al que se enfrenta España en este ámbito “requiere de un enfoque que vaya más allá del de la seguridad”.

“Resulta preciso abordar este complejo problema de manera integral, facilitando la labor de quienes llevan a cabo el control de la frontera con los medios materiales y jurídicos adecuados para la realización de su importante tarea. Si bien todo ello debe ir de la mano de medidas que impidan la vulneración de los derechos humanos de quienes intentan acceder a Europa de un modo desesperado, buscando una vida mejor y, en ocasiones, refugio”, apostilló.

Consciente de que se trata de “un problema que no es exclusivamente español, sino que tiene una dimensión europea y una trascendencia supracontinental”, aseveró que este hecho “no puede ser una justificación para que España no haga las cosas de acuerdo con los estándares que se ha impuesto en su norma constitucional y que se han reforzado con su participación en los tratados internacionales”.

“La tragedia ocurrida el 24 de junio debe obligar a evaluar en profundidad no solo los motivos que llevan a estas personas a tener que huir de sus países, sino también a revisar los obstáculos, en la mayoría de las ocasiones insalvables, que ellas enfrentan para acceder regularmente a Europa”, sentenció, para indicar que uno de esos “obstáculos” es la “imposibilidad de su acceso físico a la embajada y, en su caso, consulados españoles de los países por los que pasan en su tránsito migratorio”, situación “agravada” tras la pandemia.

En el caso de Marruecos, “preocupa especialmente” al Defensor del Pueblo el “alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional”, que se ven “obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder formular dicha solicitud, en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en la legislación de asilo”, por lo que reivindicó el cumplimiento del Pacto Mundial para las Migraciones, que emplaza a los estados firmantes a “lograr una gestión de las fronteras de manera integrada, segura y coordinada”.

“Desde esa óptica, los compromisos y acciones previstos en el pacto pueden ayudar en la tarea de evitar que vuelvan a producirse acontecimientos como los ocurridos el pasado 24 de junio”, resolvió, abogando por la “cooperación bilateral y regional, la aplicación de políticas de gestión de las fronteras que respeten la soberanía nacional, el Estado de derecho, así como el respeto de las obligaciones en virtud del Derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas migrantes, que no sean discriminatorias”.

A juicio del Defensor este es “un marco general adecuado sobre el que construir un modelo de actuación y de coordinación que evite que la única opción al alcance de muchas personas, mayoritariamente de origen subsahariano, sea jugarse la vida en el intento de llegar, a cualquier precio, a un lugar seguro o donde mejorar sus opciones personales”. “Porque, mientras ello siga siendo así, ninguna frontera será lo suficientemente inexpugnable, ni ninguna valla lo suficientemente alta, como para impedirlo”, resolvió.

ENTRADAS EN CEUTA EN 2021

En cuanto a las actuaciones iniciadas tras la situación “creada” por Marruecos, al “dejar de controlar su frontera”, el Defensor precisó que “han finalizado en lo relativo a las personas adultas, si bien continúan respecto a los menores”.

En el caso de las personas yemeníes y congoleñas, que afirmaban haber sido devueltas “sin procedimiento alguno, a pesar de haber solicitado protección internacional”, la Secretaría de Estado de Seguridad contestó al Defensor del Pueblo indicando que “no tenía constancia de que ninguna de ellas hubiese accedido a Ceuta” y Gabilondo dio traslado de esta información a las entidades que habían formulado las quejas para obtener “datos complementarios que permitiesen continuar las actuaciones”, si bien en el momento de elaboración de su informe no había recibido la información.

Por último, su memoria de actividades de 2022 también refleja que concluyeron “con diferencia de criterio” las actuaciones iniciadas por el Defensor en 2019 tras la llegada de personas a islas deshabitadas de soberanía española, al “no compartir” la institución que la autoridad competente para los rescates sea la autoridad marroquí, “por tener esas personas la condición de náufragos”.

“El argumento utilizado para justificar este tipo de actuaciones se centra en la lucha contra las mafias y la prevención del supuesto “efecto llamada”, olvidando que también han de tenerse en cuenta otras consideraciones prioritarias y el respeto a las garantías jurídicas que otorga la legislación internacional de derechos humanos, con especial atención al Convenio de Ginebra sobre los refugiados”, sentenció, en relación a la respuesta dada por el Gobierno.