Así lo dijo en su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde acudió a propuesta de la Mesa de la Comisión y a petición de los grupos parlamentarios Popular y Vox.

Reclamó poner coto al "incremento sostenido del precio de los alquileres" que "tiene como consecuencia que un número muy alto de personas no pueda acceder a una vivienda y que amplias capas de población deban realizar un sobreesfuerzo para poder pagar el alquiler de la vivienda en la que residen".

Gabilondo afirmó que pese a que "el parque social ha crecido del 2,5 al 3,4% en los últimos 5 años, gracias a la inversión pública, es imprescindible avanzar para alcanzar los estándares europeos", e insistió en la necesidad de que se construya más vivienda protegida y se destine en régimen de alquiler "de manera permanente". Entre los motivos que señaló como responsables de la situación de la vivienda en España, está en "el alquiler turístico".

El Defensor también afirmó -y pidió perdón a los parlamentarios "por esta expresión que voy a decir"- que para atajar esta problemática "se requieren amplios consensos y acuerdos". "Que las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, actúen con la mayor determinación en la promoción de las condiciones necesarias y en la adopción de las normas pertinentes para hacer realidad el derecho a disfrutar de un vivienda digna y adecuada”. Al respecto, el Defensor del Pueblo sugirió que "las administraciones deberían utilizar las herramientas que contiene la vigente Ley de Vivienda 12/2023, de 24 de mayo". "Ha de primar el interés general", insistió.

Ángel Gabilondo recordó que en julio de este año puso en marcha de 30 actuaciones de oficio para conocer las políticas públicas que están llevando a cabo las administraciones para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna. En concreto, la institución solicitó información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria.

De esas solicitudes, indicó este lunes el Defensor del Pueblo, "hasta el momento han enviado informes el Ministerio de Vivienda, las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Canarias, la Rioja, Navarra y País Vasco; y entre los municipios, Alicante, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Ya ven que es más elegante nombrar las que han respondido, pero ahí deducirán ustedes las que no lo han hecho", puntualizó.

La información requerida por el Defensor del Pueblo es el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio, el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada, y las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada.

822 QUEJAS

En relación al precio del alquiler de la vivienda, el Defensor del Pueblo repasó las actuaciones realizadas en materia de vivienda y detalló que en el último año se recibieron 822 quejas sobre esta materia. Esas quejas reflejan, dijo, las dificultades del acceso a una vivienda debido a que las familias no pueden "enfrentar el pago de alquiler y los gastos ordinarios de la vivienda". Además, según las denuncias presentadas ante el Defensor, los ciudadanos se quejan de "los retrasos que se producen en la recepción de las ayudas" existentes en materia de vivienda y critican que cuando llegan, "los fondos asignados no cubren el total de las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos".

"Otras quejas denuncian las largas esperas existentes que se prolongan durante años en los procedimientos de adjudicación de vivienda de Protección Pública", relató. Además, explicó, "un número considerable de personas y familias trasladan el drama social y humano que implican los desahucios".

Entre esas más de 800 quejas recibidas en el último año, la institución también ha registrado algunas referidas a "problemas de convivencia y vandalismo que producen los ocupantes sin título de vivienda", es decir, "ocupaciones ilegales o suspensión de lanzamientos o dilaciones judiciales".

NI TENIENDO UN SUELDO

Gabilondo también puso el foco en la tasa de emancipación de los jóvenes, que en 2024 se situó en 14,8 puntos porcentuales "y alcanza su punto más bajo desde 2006. De estas personas, siete de cada diez que trabajaban seguían en la vivienda familiar. Esto significa que ni aún teniendo un sueldo pueden acceder a una vivienda", aseveró.

"La edad media de emancipación se situó en los 30,4 años, mientras que en Europa la edad media era de 26,3, además la tasa de emancipación en España era 14,9 puntos más baja que la europea", destacó. Y recuperó los datos de Eurostat de 2023 para señalar que un 30,6% de los ciudadanos que alquila vivienda dedica más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler.

SINHOGARISMO Y DESHAUCIOS

El sinhogarismo es hoy un fenómeno cada vez más vinculado al contexto de crisis de la vivienda, sentenció Gabilondo, que explicó así mismo que muchas personas se ven empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar el coste de la vivienda y que acaban pernoctando en la calle.

Gabilondo también se refirió al informe Foessa, presentado recientemente por Cáritas, donde quedó de manifiesto que el sinhogarismo es "la manifestación más extrema de la marginación o exclusión social".

También señaló el "estrecho vínculo" entre la exclusión social y la pobreza y pidió que no se olvide "la existencia de asentamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad, separados y aislados de los núcleos urbanos y en situaciones de ilegalidad urbanística y ambiental, cuyos habitantes se enfrentan a condiciones de exclusión social que determinan el ejercicio y la situación de sus derechos". Así, reclamó que se afronte "la erradicación el chabolismo y la infravivienda".